La ley andaluza de transparencia supera su primer trámite parlamentario
Al proyecto del gobierno de coalición, el PP-A no ha presentado enmienda a la totalidad por lo que norma proseguirá a partir de ahora su tramitación en comisión
El proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía será remitido a la comisión de Presidencia del Parlamento tras superar el debate de totalidad, en el que ningún grupo ha pedido su devolución, aunque el PP ha exigido "diálogo de verdad" ante las "carencias" que, a su juicio, tiene esta norma
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Al inicio de su intervención ante el Pleno para presentar el proyecto de ley de Transparencia, el consejero de Presidencia, Manuel Jimenez Barrios, ha indicado que, probablemente, esta será la norma de mayor relevancia de esta legislatura por lo que significa en la mejora de la calidad democrática y que responde a un compromiso del Gobierno andaluz. Ha apuntado que viene a establecer una nueva cultura en la comunidad, la de la transparencia, y supone un nuevo tiempo en las relaciones entre la ciudadanía y la administración.
Según ha agregado, la transparencia ya no es hoy una opción, sino una obligación para los que gestionan recursos públicos y un valor fundamental para una democracia avanzada. "Más transparencia es más democracia", según ha apuntado el consejero, quien ha recalcado que es al mismo tiempo el mejor mecanismo para impedir cualquier abuso de poder y para garantizar que la gestión del dinero público sea acorde a los intereses generales.
Jiménez Barrios ha indicado que, sin duda, esta norma abre el camino para construir la democracia del siglo XXI y ha confiado en que, tras haber sido sometida a un amplio proceso de participación de diversos colectivos, entidades y expertos, cuente con el consenso de la Cámara autonómica.
Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Salas, que ha comenzado su intervención agradeciendo con un "aleluya" que haya llegado al Parlamento "el primer proyecto de Ley bipartito", ha señalado que les parece "bien" esta norma en tanto en cuanto la consideran "hija" de la Ley de Transparencia Estatal.
Con todo, ha negado que este proyecto de Ley sitúe a Andalucía "a la vanguardia de nada" porque "es casi un clon" de la nacional y ha avanzado que su Grupo Parlamentario presentará enmiendas a lo largo del trámite parlamentario para "enriquecer el texto", que a juicio de los 'populares' se queda corto al no establecer, entre otras cosas, un "código de conducta" para altos cargos del que se "puedan derivar consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento".
El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha dicho que se trata de una normativa "valiente" a través de la cual todos los ciudadanos tendrán derecho a recibir la información de todo aquello que se pague con dinero público. Ha asegurado que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder y se ha mostrado convencido de que con una normativa como está no sería posible un caso como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
CONTENIDO DE LA LEY
Para velar por el cumplimiento de la norma, se contempla la creación del Consejo de Transparencia y protección de datos (en el anteproyecto se denominaba agencia), cuyo director, una persona de reconocido prestigio, será designado por el Parlamento, por mayoría absoluta, para garantizar su independencia. Este órgano establecerá las sanciones que procedan en caso de que una administración o entidad (todas aquellas que reciban fondos públicos) se niegue a facilitar la información que se le solicita.
El Gobierno andaluz ha elaborado esta ley con el objetivo fundamental de facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Las demandas de información por parte de la ciudadanía hacia la Administración tendrán que ser respondidas por ésta en un plazo no superior a 20 días hábiles.
De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.
El texto introduce la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, para resolver cualquier duda que se pueda plantear en torno a las mismas, tanto de las procedentes de órganos y entidades que integran el sector público autonómico como de las otorgadas por las entidades locales andaluzas.
La norma incluye un régimen sancionador, al que se dedica un nuevo título, que exigirá responsabilidad a las autoridades y el personal de la Junta; a las personas físicas y jurídicas que estén obligadas a suministrar información por la norma; a los partidos, organizaciones sindicales y empresariales y otras entidades que financien su actividad en parte con fondos públicos, y a las entidades privadas que participen en la prestación de los servicios públicos.
En el caso de las autoridades, éstos podrán ser sancionados incluso con el cese en el cargo y, en el caso de las infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un período de hasta 3 años. Respecto a otras personas y entidades, las sanciones previstas son amonestación y multa, que, dependiendo de la gravedad, pueden ir desde 200 euros hasta 400.000. Además se puede imponer una sanción accesoria de reintegro de la subvención o, en su caso, la resolución del contrato o vínculo establecido.
