Se cumplen ocho años de la operación Malaya pendientes del Supremo
La mayor parte de los 51 condenados por la Audiencia de Málaga han recurrido la sentencia al Supremo. La operación Malaya llevó a la disolución del Ayuntamiento de Marbella tras un trámite, hasta entonces, inédito en la democracia
Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama, fue condenado a 11 años de prisión y multa de 240 millones de euros. Tras ocho años en prisión desde que fue detenido en marzo de 2006 apenas ha gozado apenas de un permiso de 11 días.
Las primeras investigaciones del caso Malaya se remontan a noviembre de 2005 aunque la primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el29 de marzo de 2006, y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos. Tras varias fases posteriores el juicio comenzó en septiembre de 2010 con 95 procesados que se enfrentaban a penas de cárcel que sumaban más de 600 años.
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Después de dos años de vista oral y doscientas sesiones el juicio quedaba visto para sentencia en julio de 2012. El fallo se daba a conocer el 4 de octubre de 2013 y condenaba a la práctica totalidad del núcleo duro del principal imputado, Juan Antonio Roca sobre quien caía la principal pena, 11 años de prisión y multa de 240 millones de euros, junto a él tres ex alcaldes de Marbella, concejales, empresarios de la construcción o abogados son considerados culpables. La sentencia habla de una trama de corrupción generalizada que presidió durante años la vida municipal en esta localidad.
A partir de ese punto se abre una nueva polémica; la Sala que enjuició el caso aboga en la sentencia porque recaiga en Marbella y sus debilitadas arcas municipales tras el paso del GIL los seiscientos millones de euros que deben pagar en multas los sentenciados, el consistorio de la localidad y hasta la Junta de Andalucía se suman a esta petición.
Un debate que , ahora, tendrá continuidad en el Tribunal Supremo al que han recurrido la sentencia la mayor parte de los condenados alegando que se han vulnerado principios fundamentales, prejuzgado el asunto, equivocado en la valoración de pruebas o errado en la apreciación de los hechos.
Los acusados sí, y también la fiscalía del Supremo, que pide que el dinero de Malaya no puede ir al consistorio, nada de 600 millones de euros, en todo caso los 1,4 millones de euros que contempla la sentencia como responsabilidad civil por los prejuicios directos al Ayuntamiento de Marbella. Debe decidir el Supremo.