Alaya se niega a dividir el caso de los ERE
Rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que elevara al Supremo la parte que afecta a los aforados, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. La magistrada explica que la investigación está incompleta y es inescindible. El auto se puede recurrir
La jueza Mercedes Alaya considera que no cabe dividir en piezas el caso de los ERE como solicitó la semana pasada el Ministerio Público. Se lo ha notificado a las partes en un auto de ocho folios en el que dice que no es éste el momento de tomar decisión alguna al respecto. "No ha lugar la división de la causa" en diferentes piezas separadas, concluye. La magistrada explica que la investigación no está terminada y cuando ello ocurra será cuando decida si alguna parte es susceptible de enjuiciarse por separado; por separado "caso de que no tenga una interrelación relevante con el resto", afirma.
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Así lo dice la jueza en un auto en el que echa mano de jurisprudencia del Supremo para justificar que el caso de los ERE es "inescindible" y que si se divide se rompe "la continencia" ya que habrá hecho que no se entenderían separados de la pieza sobre las causas que los han provocado. Esa situación, argumenta Alaya, daría lugar a sentencias contradictorias. "Es un peligro serio, obvio e indiscutible", dice.
La jueza de los ERE recuerda que hay atestados e informes que faltan por llegar y que forman parte de esas piezas que Anticorrupción desea enviar ya al Supremo. Son el atestado sobre la Consejería de Innovación, los informes sobre la Comisión de Hacienda del Parlamento o sobre las sobrecomisiones que se pagaban a las tramitadoras Vitalia y Uniter.
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo rechaza así la petición que le trasladó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas con el objetivo de elevar ya al Tribunal Supremo la pieza separada que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Avila, todos ellos aforados y a los que la juez 'preimputó' el pasado año 2013.
En su escrito del pasado 31 de marzo, el Ministerio Público consideraba, atendiendo tanto al auto del pasado mes de diciembre en el que Alaya volvía a 'preimputar' a los siete aforados citados como al informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, "agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".
