Fertiberia, multada con 240.000 euros

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha multado a Fertiberia, empresa de fertilizantes del Polo Químico de Huelva, con 240.000 euros, la máxima sanción que contempla la ley por no presentar el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos.

Se trata de la máxima sanción que podía imponérsele a Fertiberia por el incumplimiento de su obligación de presentar el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos, un residuo procedente de la producción de ácido fosfórico y que la empresa venía depositando en una zona de marisma desde 1967, año en que se instaló la fábrica en Huelva.

Ahora tendrá que pagar 240.000 euros después de que el Gobierno andaluz haya desestimado las alegaciones que presentó la empresa. La Junta le había otorgado en enero de 2013 la Autorización Ambiental Unificada, pero a cambio la empresa estaba obligada a presentar ese proyecto de recuperación ambiental, un trámite que no ha hecho. En octubre del año pasado se le abrió un expediente sancionador que ha culminado en esta sanción.

Además de pagar la multa, Fertiberia sigue estando obligada a presentar ese plan porque así se lo exige la sentencia de la Audiencia nacional de 2010 que obligó a la compañía a dejar de verter y también a recuperar esa zona. La Junta es la que tiene que velar porque la empresa cumpla con el proyecto, de ahí la multa, y el gobierno central, es la administración encargada de exigir a la empresa que cumpla con la sentencia porque los terrenos donde están las balsas pertenecen a la Dirección General de Costas. Es por ello que la Mesa de la Ría reclamara a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina en su visita a Huelva en este mes, que exigiera a fertiberia el cumplimiento de la sentencia.

Las balsas de fosfoyesos ocupan una extensión de 1.200 hectáreas a escasos 500 metros de la ciudad, de las que 750 quedan por regenerar ambientalmente. Lo único que ha cumplido la empresa desde la sentencia de 2010 es dejar de verter a las marismas. Pero aún no ha presentado un proyecto acorde a los requisitos que le exige la administración para recuperar una zona degradada por esos residuos.

La empresa, perteneciente al grupo Villar Mir, puede interponer recurso de reposición ante la consejería o un recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) La sanción no tiene que pasar por Consejo de Gobierno porque forma parte de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Respecto al plan de restauración, la compañía solo entregó en abril pasado un avance de lo que es su plan de restauración de la zona redactado en inglés por la empresa norteamericana Ardamen&Associates, líder mundial en la clausura de este tipo de balsas. El documento denominado Proyecto de Ingeniería Básica de Restauración de las balsas de fosfoyesos, ha sido calificado por la Junta de insuficiente. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio había comunicado a Fertiberia que, para la elaboración de su proyecto de restauración medioambiental debería tener en consideración los estudios que se habían hecho hasta el momento por las administraciones central y autonómica. En concreto, el informe elaborado por Tragsatec para recuperar ese territorio. También se le indicó que se valorarían los informes realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el marco del Plan de Calidad de Huelva y su Entorno y los elaborados por el Consejo de Seguridad Nuclear y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

La delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa Bayo, ha venido insistiendo en este tiempo que la restauración "no es un antojo de nadie sino la resolución de un juez y la empresa tienen que cumplir la sentencia". Bayo reclamó a Fertiberia el documento definitivo y no un simple "avance". La delegada recordó que Costas," que es la dueña del terreno tendrá que velar también para que se ejecute la sentencia", y precisó que la Junta es "una mera inspectora".