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El gobierno no paralizará el decreto de viviendas de uso turístico

La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid pide que se paralice su tramitación porque no establece requisitos mínimos sobre la calidad de esta actividad económica

En declaraciones a la Cadena SER, la Viceconsejera de Turismo, Carmen González, afirma que la aprobación del decreto es urgente y que muchas de las exigencias del sector turístico no son competencia de la Comunidad de Madrid, sino de los ayuntamientos

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El colectivo de empresarios del sector turístico madrileño ha exigido hoy al gobierno regional un mayor esfuerzo de diálogo para regular una actividad económica que puede convertirse, según ellos, en competencia desleal. Hasta que no se alcance un acuerdo solicitan la paralización de la tramitación del decreto y la ampliación de los requisitos que se exigirán a las propietarios de viviendas que se destinen a uso turístico. Requisitos como una licencia de actividad previa, cumplimiento de la normativa de seguridad como alarmas o cámaras de videovigilancia, garantías para la buena convivencia vecinal , condiciones de habitabilidad y equipamiento y un número mínimo de noches de estancia como se ha establecido en ciudades como Nueva York en las que se exige entre 28 y treinta días.

La Unión Empresarial de Promoción Turística de Madrid asegura que si se aprueba un decreto muy permisivo se producirá un 'efecto llamada' y se alcanzará la cifra de 24.000 viviendas de este tipo que podrían ofrecer unas 95.000 plazas, más del 85% de la actual oferta hotelera en Madrid. Consideran que la regulación de estas viviendas no creará empleo y que con su competencia se podrán destruir unos 3.000 empleos de trabajadores de hoteles y hostales.

La Viceconsejera de Turismo de la CAM, Carmen González, ha manifestado a la Cadena SER que el gobierno no paralizará la tramitación de un decreto que consideran urgente. Añade que han mantenido más de cien reuniones y han aceptado el 50% de las alegaciones del sector hotelero, pero no pueden introducir en el decreto aspectos que no competen a las comunidad, sino a los ayuntamientos como el tema de las licencias urbanísticas para este tipo de viviendas. El sector señala que la aprobación de este decreto supondrá una catástrofe cuando todavía está en números rojos después de varios años de crisis que todavía no se ha remontado.

 
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