Los expertos que evalúan a víctimas policiales piden a Madrid que les deje trabajar
Aseguran que el recurso presentado por el Gobierno central "dificulta" el proceso y puede "victimizar". "También somos víctimas" aseguran los afectados
El Gobierno Vasco está trabajando para que, el recurso presentado por la Abogacía del Estado, no cuestione los 56 casos de victimas policiales ya reconocidos y ha mostrado su esperanza de que estas víctimas de violencia de motivación política entre 1960 y 1978 no sufran un "paso atrás" en su reconocimiento a la "verdad, justicia y reparación".
La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando ha comparecido en el Parlamento Vasco acompañada por el psicólogo Carlos Martín Beristain y los juristas Álvaro Gil Robles y Manuela Carmena, expertos que integran la Comisión de Valoración que se encarga de analizar las solicitudes presentadas al amparo del decreto de víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política entre 1960 y 1978.
El citado Decreto fue modificado el pasado año a petición de la Comisión con el fin de facilitar la resolución de los casos, pero la Abogacía del Estado recurrió los cambios en primavera al entender que vulneran la Ley de Memoria Histórica, en la que se establecen medidas de compensación hacia las personas que fueron perseguidas o atacadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
El ex defensor del pueblo y primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles, ha pedido que se deje a la Comisión "terminar su trabajo" que es "muy importante", tras advertir que hay personas que llevan "50 años esperando justicia y es el momento de responderles".
Según Manuela Carmena, jurista y vocal también del órgano evaluador, el recurso se basa en "nimiedades" y cree que detrás hay "una especie de entorpecimiento en el diálogo político que a veces producen estos instrumentos que son tan negativos", en referencia al recurso.
El psicólogo Carlos Martín Beristain ha defendido que el Decreto está siendo un "elemento reparado" y ve "negativa" para este proceso "la controversia política" que puede terminar "dificultando y cuestionado el trabajo" y puede convertirse en una nueva forma de victimización secundaria".
En sus dos años de actividad, la Comisión evaluadora ha recibido 231 solicitudes, 14 fuera de plazo que no se estudiarán, según ha explicado Monika Hernando. Hasta la fecha se han resuelto 63 solicitudes, 43 durante la legislatura de Iñigo Urkullu y una treintena han sido ya indemnizada: 19 por fallecimiento, 1 por incapacidad absoluta, toral 12, parcial 8, lesiones permanentes 12 y 4 reconocimientos sin indemnización.
