Los argumentos del juez Castro

Según el juez fue Luis Lobón quien se reunió con Diego Torres y quien encargó a José Manuel Aguilar que le diese forma al convenio, sin informes previos. Además, afirma que está probado que el Instituto Nóos ya trabajaba en las Valencia Summit mucho antes de firmarse el convenio. Llega a decir que el informe encargado por Jorge Vela a Elisa Maldonado es falso, que se hizo a posteriori y que se le cambió de fecha. Un informe que se copió, insinúa el juez, para justificar las otras dos ediciones de las Valencia Sumit por las que Ciudad de las Artes y las Ciencias y Turismo Valencia pagaron cada año de celebración 1 millón 350 mil euros entre las dos. El juez además censura los gastos de alojamiento pagados a Iñaki Urdangarín.

Respecto al empresario José Zorío el juez reconoce que es una persona bien relacionada en la Generalitat y que no se descarta que influyera para la celebración de los Juegos Europeos, pero niega que esto sea constitutivo de delito. Simplemente censura que la administración abonase 1 millón 900 mil euros por estudios previos.

Y sobre el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau el juez Castro asegura que no está demostrada la conducta ilícito criminal, que ni siquiera tuvo contactos con Urdangarín y su socio, y que simplemente accedió a firmar las cumbres porque venían de la mano de la Generalitat. Eso sí, en el escrito, el juez aclara que no se le desimputa porque la Fundación Turismo Valencia fuese de naturaleza privada, aspecto que según el juez, presenta muchas contradicciones.