Advierten al Ayuntamiento donostiarra por la remodelación de Anoeta

La decisión del Gobierno municipal de Bildu de sacar a concurso este otoño las obras de remodelación del Estadio de Anoeta ha vuelto a poner en pide de guerra al abogado Javier Olaverri, que ya pleiteó y ganó en su día al Ayuntamiento en este asunto. El letrado solicita al consistorio que "considere seriamente" la conveniencia de convocar un "referéndum local vinculante" sobre la procedencia o no de esta operación.

En la carta remitida al alcalde y a todos los grupos municipales el pasado 18 de julio, Javier Olaverri plantea una serie de limitaciones legales que impedirían, a su juicio, proceder a sacar a concurso la remodelación del estadio. Y cita concretamente dos: el actual Plan General, aprobado en 2010, y el Contrato de Cesión del Estadio, firmado en 1993 entre la sociedad pública municipal Anoetako Kiroldegia y la Real Sociedad.

Olaverri insiste en que el propio Plan General ya impone dos restricciones: un incremento de edificabilidad inferior a 250 metros cuadrados que se debe integrar en la actual volumetría del edificio, y la obligación de respetar la volumetría actual. "Evidentemente, el actual proyecto de ampliar el aforo en un 30% incumple estas restricciones" recalca.

Por otro lado, el Contrato de Cesión impone a su vez dos reglas: la Real Sociedad tiene el derecho de usar el campo gratis hasta el año 2033, y, en caso de acometer obras en el estadio por interés de la Real, es dicho club el encargado de financiarlas al 100%.

Con estas premisas, considera el letrado, "no se puede convocar en septiembre ningún concurso de obras" y se pregunta "¿cómo se va a licitar un estadio cuyo tamaño incumple la legalidad urbanística?" y "cómo se va a presentar nadie a ese concurso, salvo la propia Real, si no hay ingresos posibles por alquiler del campo?".

En lo que a la financiación de las obras se refiere Javier Olaverri recuerda que, pese a la "pretensión" de la Real de que el coste de esa obra sea financiado parcialmente con dinero público a través de una aportación del Gobierno Vasco por valor de 10 millones de euros, "resulta imposible jurídicamente que el Ayuntamiento, de forma directa o indirecta, le conceda esa subvención ya que estaría utilizando indebidamente los fondos públicos".

Según señala en la misiva, el abogado quiere evitar que haya que acudir a los tribunales "en defensa de la ley y de los intereses públicos" pero advierte de que saltarse los cauces legales "por vías más o menos ingeniosas" generará "pleitos judiciales que posiblemente esta vez no serán solamente de carácter urbanístico, sino que pueden involucrar al Tribunal de Cuentas por la existencia de un posible delito de alcance, o a la propia jurisdicción penal, al haber posibles malversaciones de dinero público".

De ahí su solicitud al Gobierno municipal de Bildu para que "considere seriamente la conveniencia de convocar un referéndum local vinculante sobre la procedencia o no de la operación". "En cuanto a la subvención del Gobierno Vasco, que parece querer ser una compensación por las subvenciones dadas a San Mamés, podría ser utilizada en usos de verdadero interés público de carácter social" termina.