Imputado un policía por agredir a menores inmigrantes en el CIE de Valencia
Los tres menores, de nacionalidad argelina, fueron deportados a su pais poco después de denunciar los hechos, que ocurrieron en 2012
Valencia
La Campaña por el cierre de los Centros de Internacimiento para Extranjeros denuncia que, reiteradamente, se adopta la medida de la deportación de extranjeros que se atreven a denunciar agresiones o malos tratos en los CIEs, imposibilitando que los casos judiciales sigan su curso
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Los hechos ocurrieron en 2012. Según el auto de la Audiencia, los menores argelinos, que se encontraban retenidos en el Centro de Internamiento de Valencia, relataron que uno de los agentes de guardia, tras preguntarles si habían fumado les golpeó, causándoles lesiones de las que fueron asistidos. A pesar de que facilitaron una descripción física de ese agente, y los números de los agentes de servicio en esa fecha, el juzgado archivó el caso sin identificar a los policias ni tomar declaración de los jóvenes, permitiendo su expulsión.
Según Ana Fuentes, portavoz de la organización Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, tras la denuncia los jóvenes también sufrieron represalias como no darles agua o jabón.
El juzgado de instrucción nº 4 de Valencia archivó el caso, y nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor. Ahora la Audiencia estima el recurso presentado por las víctimas y apunta la necesidad de investigar los hechos.
El policía imputado y los otros cuatro agentes identificados como testigos, han sido citados a declarar el próximo tres de noviembre. La dificultad está en que puedan prestar declaración los menores, ya que fueron deportados, pero la ONG asegura que están perfectamente localizados y se ha solicitado que puedan prestar declaración por video-conferencia desde el Consulado de España.
La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros ha denunciado la falta de actuación jurídica que hasta el momento se ha dirigido a esclarecer los hechos, ya que en el juzgado que archivó inicialmente el caso, "nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor". Asimismo la plataforma reclama la suspensión de las expulsiones de víctimas y testigos en los casos de graves violaciones de los derechos fundamentales.
