Imputados por tener a 42 temporeros en condiciones infrahumanas
Se investiga además si los empresarios, un hombre de 51 años y una mujer de 41, han realizado falsos contratos de trabajo para facilitar la regularización de inmigrantes
(Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco)
La Ertzaintza ha imputado un delito contra los derechos de los trabajadores a una pareja de empresarios acusados de mantener en condiciones infrahumanas a un total de 42 temporeros, la mayoría portugueses, en la localidad alavesa de Baños de Ebro.
La operación se inició el pasado septiembre al tener sospechas de que los ahora imputados llevaban a cabo prácticas ilegales en su relación laboral con temporeros procedentes de Portugal. Según las averiguaciones policiales, en épocas de vendimia, recolección de fruta y verdura, u otros trabajos del campo, el empresario viajaba a ese país para contratar a trabajadores de forma temporal y una vez en Baños de Ebro ofrecía el servicio de esos temporeros a otros empresarios y agricultores de la comarca.
Agentes de la Ertzaintza junto a inspectores de Trabajo del Gobierno vasco y efectivos de Extranjería de la Policía Nacional han revisado en la mañana de hoy dos inmuebles, antiguas bodegas, donde permanecían alojados un total de 42 de esos temporeros, 39 portugueses y tres de origen extracomunitario, a cargo de los dos empresarios.
Los agentes e inspectores han comprobado que esos trabajadores se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas porque los inmuebles, además de carecer de la consideración legal de vivienda, carecían de espacio suficiente, iluminación, y de condiciones de higiene.
Tras la inspección los agentes policiales han procedido a imputar a la pareja, que ha estado presente durante esa comprobación, un delito contra los derechos de los trabajadores. La Policía Vasca investiga si, a cambio de dinero, los dos implicados han realizado falsos contratos a extranjeros para facilitar su empadronamiento y regularizar su residencia.
La Ertzaintza va a remitir las diligencias policiales al Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, que tenía conocimiento previo de la investigación.
