La jueza investiga si AFAL maniobró para ser favorecida por una fiscal

Madrid

La magistrada que investiga a la Fundación AFAL por una supuesta estafa masiva a enfermos de Alzheimer ha ordenado una nueva batería de diligencias, entre ellas la toma de declaración a siete nuevos testigos. Entre estos testigos se encuentra la directora técnica de servicios sociosanitarios de EULEN, una persona a la que la fiscalía identifica como directora de la residencia de ancianos de Santo Domingo, en la localidad madrileña de Algete: la residencia donde estaban ingresados varios de los enfermos de Alzheimer que supuestamente habrían sido estafados por esta fundación investigada.

La jueza quiere descubrir si existió alguna maniobra de la fundación para que los expedientes de incapacidad terminasen en manos de una fiscal concreta: Nuria López Mora. Según la acusación popular, la fundación nunca informaba a los juzgados de incapacitación de Madrid que varios enfermos de Alzheimer vivían en esta residencia localizada en Algete, evitando así que su gestión pasase a los juzgados de Torrejón y evitando que quedase por tanto fuera del alcance de una fiscal concreta: Nuria López Mora.

Siempre según la versión de la acusación popular, serían en torno a una decena los ancianos que habrían estado en esta residencia y cuya verdadera localización habría sido ocultada por la fundación AFAL al juzgado para propiciar que sus casos siguiesen en manos de esta fiscal. La Cadena SER se ha puesto en contacto con EULEN, empresa que gestionaba esta residencia: la entidad se desvincula por completo de cualquier actividad irregular que se esté investigando en esta causa, además de afirmar que por ahora nadie ha recibido la notificación de la jueza para ir a testificar. También aseguran que en ningún momento la persona citada a declarar como testigo ha sido directora de esta residencia, que en la actualidad está gestionada por otra empresa.

No es la única prueba testifical que ha ordenado la jueza para el próximo mes de abril: figura también en la lista de siete testigos a la que ha tenido la SER un administrador de la empresa encargada de gestionar las fincas de una de las enfermas tuteladas y un empleado de KPMG. También pide que se hagan pruebas periciales de firmas no reconocidas por algunos denunciados “a efectos de determinar su posible falsedad y, en su caso, su autoría”.