La aplicación de la ley en Valladolid se queda "corta"
Así lo denuncian las asociaciones y colectivos que luchan por la desaparición de los símbolos relacionados con el franquismo
Valladolid
Coincidiendo con la denuncia presentada por Eduardo Ranz, abogado especializado en Derechos Humanos, contra los alcaldes de España que no están aplicando la Ley de la Memoria Histórica, por "desobediencia", los colectivos que reclaman su cumplimiento enumeran varios casos flagrantes en en la provincia de Valladolid.
La capital ha dado un paso importante en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica con las modificaciones en una docena de calles, aunque la actuación del gobierno municipal de Javier León de la Riva se debe a una sentencia judicial que obligaba a los cambios en la nomenclatura.
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Orosia Castán analiza la Ley de la Memoria Histórica en Valladolid
Orosia Castán, autora del informe que incluye una treintena de símbolos franquistas y representante del Ateneo Republicano, recuerda que el tema sigue en el ámbito judicial. El documento de la investigadora era mucho más ambicioso porque abarcaba numerosos elementos, incluido el escudo de la ciudad.
El Barrio de España se conocía como el Barrio de la República. Es uno de los ejemplos propuestos para el cambio, aunque no el único: el barrio "Cuatro de marzo", que conmemora el día en el que se fusionaron las asociaciones falangistas en el Teatro Calderón; "25 años de Paz"; "Girón", el barrio que debe su nombre a un ministro franquista, José Antonio de Girón Velasco, procedente del sector más duro de las JONS; el polígono de viviendas "18 de Julio", además de otros vestigios en diferentes lugares e instituciones de la ciudad, como la laureada de Franco en el escudo de la capital del Pisuerga.
Sin embargo, el monumento más emblemático sigue en pie: el erigido a Onésimo Redondo, ubicado en el Cerro de San Cristóbal.
El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido permiso para la retirada del Grupo Escultórico. Es propiedad del Ministerio de Industria y su destino será el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. El presupuesto del desmantelamiento de este monumento es de 108.000 euros y, según fuentes de la Administración Central, el Ministerio de Industria procederá a su retirada en cuanto se confirme la ubicación definitiva de las gigantescas figuras que reproducen a Onésimo Redondo y los falangistas que le acompañaron.
Orosia Castán también señaló dos localidades de la provincia donde debería aplicarse la Ley: Mayorga y Quintanilla de Onésimo.
