Lunes, 21 de Septiembre de 2020

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Las cuentas con lupa

La Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas van a firmar un protocolo de actuación para mejorar la coordinación y colaboración en el tratamiento de las "incidencias e irregularidades" puestas de manifiesto en los informes de fiscalización.

Las cuentas con lupa

Así lo ha anunciado el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en la comisión de Economía de Les Corts, donde ha expuesto por primera vez de forma simultánea los últimos informes de fiscalización de todo el sector público valenciano -autonómico, local e institucional-, cuyo presupuesto es de 21.590 millones de euros.

Ha desvelado que se va a hacer un informe especial por el cierre de Radiotelevisión Valenciana y que se ampliará el alcance del referido al Hospital General Universitario de Valencia, mientras espera que Feria Valencia rinda ya sus cuentas y que la empresa pública Ciegsa se liquide el año que viene según las instrucciones de la Sindicatura.

Además, ha recordado que los informes de esta institución han incluido referencias a "incidencias, deficiencias e irregularidades" que posteriormente se han incorporado a petición de los órganos jurisdiccionales en diligencias de instrucción de distintas causas que se están instruyendo "en un número significativo".

Rafael Vicente ha insistido en que su función fiscalizadora tiene un límite, que consiste en contar a Les Corts "determinadas cosas", y que "la función del auditor es auditar", mientras que "probar el fraude es función de otro", si bien el protocolo con el Tribunal de Cuentas supondrá "un avance importante".

En concreto, ha precisado que hasta ahora se envía al Tribunal de Cuentas todo el informe de fiscalización, y que con el protocolo se remitirán los aspectos en los que se considera que puede existir algún tipo de responsabilidad contable.

"La Sindicatura está haciendo lo que tiene que hacer y en el ámbito en que lo tiene que hacer", ha reivindicado Rafael Vicente, quien ha indicado que, de acuerdo con las normas europeas, su labor "termina en la función fiscalizadora, para que luego otro pueda continuar a partir de ahí", por lo que ha pedido que no le atribuyan funciones "persecutorias".

Sobre la caja fija, ha recomendado una actualización de la normativa que la regula, que data de 1998, tras observar incidencias como la "improcedencia" de algunos de los gastos imputados y considerar que se debería incrementar el control interno y segregar funciones entre quien autoriza el pago y lo revisa.

El síndic ha aludido a las limitaciones de medios personales y materiales de la institución, que les han "obligado" a tener que usar remanentes antiguos, y ha defendido la necesidad de contar con medios normativos, informáticos y formación "para poder entrar en las tripas de la Administración".

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