Sociedad

La jueza Alaya impulsa una nueva macrocausa contra la Junta de Andalucía por las ayudas en Innovación

Ya hay cuatro imputados, entre ellos, el exconsejero de la Junta Martín Soler

La juez Mercedes Alaya impulsa una nueva macrocausa contra la Junta de Andalucía / Julio Muñoz EFE

Sevilla

La jueza Mercedes Alaya ha dictado un auto dando “el adecuado impulso procesal” a lo que puede ser otra macrocausa, la de los avales concedidos a empresas por la Consejería de Innovación, a través de la Agencia pública IDEA, desde 2009. La magistrado cita a declarar como imputados por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al exconsejero de Innovación, Martín Soler, el 7 de mayo. También al exviceconsejero, Jesús María Rodríguez, el día 6 de mayo y al exdirector de IDEA el 5 de mayo.

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Alaya impulsa en este auto una investigación derivada de los ERE, la de los créditos o avales dados a empresas a partir de 2008 porque pudiera ser que esta política de ayudas haya generado menoscabo de fondos públicos.

En el año 2009 la Agencia IDEA, según Alaya, concedió avales a empresas que superaban en cuatro veces su techo presupuestario. Otorgó 71 millones de euros cuando sólo podía conceder 18, según explica este auto. “A tal efecto deberá analizarse el acuerdo de Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 y las alegaciones que a tal efecto realizó el que fuera director de la Agencia, Jacinto Cañete”, ordena la jueza.

Alaya encomienda la investigación a la Guardia Civil y mandar realizar una pericial a los peritos de la Intervención. Esta pericia tendrá que determinar si el Consejo de Gobierno y el Consejo Rector de la Agencia IDEA autorizaron las ayudas, y si el consejero de Hacienda tuvo conocimiento de ellas. También tendrá que determinar si la Unión Europea tuvo conocimiento de las mismas y si las empresas beneficiarias presentaron garantías suficientes para recibir el dinero público. Además, tendrán que analizar si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.

Alaya quiere saber, por otro lado, si estas empresas además de los avales recibieron ayudas con cargo a la partida que pagaba los ERE, la 31L.

Entre la documentación que la magistrado requiere a la Junta en este auto están la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno y el acuerdo de junio de 2010 por el que se ratifican los avales concedidos en 2008 y 2009, las actas de la comisión de viceconsejeros previa a estos acuerdos. También solicita propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuestos de la Consejería de Innovación e IDEA, la información de los programas presupuestarios por el cual la Consejería de Innovación transfiere fondos a la Agencia para la concesión de estas ayudas de salvamento y reestructuración y las modificaciones presupuestarias que se hubieran producido para incrementar el crédito presupuestario inicial en la Consejería de Innovación.

Alaya impulsa esta investigación, que anunció hace un año, aunque tiene un pie en la Audiencia de Sevilla. En unos días le adjudicarán definitivamente una plaza en una de las secciones penales. Ella ha pedido una prórroga al Consejo General del Poder Judicial para su incorporación porque quiere cerrar la macrocausa de los ERE, donde faltan por investigar más de la mitad de las empresas que recibieron ayudas directas. Tiene prácticamente en pañales la macrocausa de los cursos de formación declarada secreta y, por cerrar también, varias macrocausas vinculadas a Mercasevilla.

 
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