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Martes, 23 de Julio de 2019

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El juez Pedraz aplaza la declaración de Olivas

Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia ha declarado que él no aprobó ningún negocio con el Grupo Salvador

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado por motivos personales la declaración del expresidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, prevista para este martes, por las operaciones que la entidad concertó con el promotor inmobilkiario Ramón Salvador, que habrían ocasionado al banco un perjuicio superior a los 120 millones de euros.

El juez  ha comenzado este lunes el interrogatorio, en calidad de imputados, a antiguos cargos del Banco de Valencia y de Bancaja. Y ha comenzado por el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, quien ha declarado durante dos horas y ha asegurado que él no aprobó individualmente nin´gun negocio llevado a cabo con el empresario alicantino.

Asegura que esas operaciones pasaron todos lo filtros de los distintos comités, y, para él, no se trataba de compraventa de activos inmobiliarios como mantiene la acusación, sino de daciones en pago para saldar las deudas de Salvador. 

También se ha aplazado el interrogatrorio al exdirector de participaciones inmobiliarias del banco Alfonso Monferrer, que también estaba citado este lunes, así como el ex consejero delegado de Bancaja Hábitat José Cortina, además del de el expresidente José Luis Olivas, todos ellos "sine die".

El magistrado, que investiga las irregularidades en la gestión del Banco de Valencia (BdV), ha citado a las seis personas, entre ellas el propio Salvador, contra las que se querelló el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por un delito de apropiación indebida, que también atribuyó a la sociedad Residencial Mira Llevant.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el trato privilegiado dispensado a las sociedades de Salvador, quien además era accionista del Banco de Valencia, propietario de abundante suelo en Alicante y Murcia y cuyas empresas recibieron 631 millones de euros entre 2007 y 2012, una "sangría económica que solo se paralizó gracias a la intervención en el BdV del Banco de España".

El FROB detectó una serie de operaciones de "dudosa" racionalidad económica relacionadas con el grupo empresarial de Salvador, quien obtuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte de Banco de Valencia y Bancaja mientras José Luis Olivas estaba al frente del Consejo de Administración.

"Gran parte de la financiación concedida ha sido irregular y temeraria desde el punto de vista de la gestión de riesgos", añadía el organismo, que se centra en los fondos que ambas entidades destinaron a la sociedad Hábitat 2018 (H2018) mediante compraventas "fraudulentas" de activos, por valor de 202 millones.

"H2018 se convirtió en un instrumento para proporcionar delictivamente financiación al Grupo de Salvador, simulándolo bajo la apariencia de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas", recoge la querella.

Además, pone de manifiesto que el grupo de Salvador logró una inyección adicional de capital por valor de 204 millones de euros gracias a la "connivencia" que su dueño tenía con "altos responsables" de ambas entidades y pese a tener una deuda de 221 millones de euros.

"Salvador había encontrado en H2018, con la complacencia de los restantes querellados, la 'gallina de los huevos de oro': una máquina maravillosa para convertir activos prácticamente sin valor en un mercado inmobiliario como el del año 2011 en grandes sumas de dinero con las que solventar sus graves problemas financieros por esas fechas", prosigue el FROB.

Este organismo considera además responsables civiles, en defecto de los autores, a las sociedades Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

El FROB interpuso varias querellas centradas en el diseño y la aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

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