La oposición aprueba en pleno que no se archive el 'caso San Antonio'

Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PP, ha pedido hoy con los votos de todos los grupos de la oposición, PNV, Bildu y PSE-EE, que el Tribunal de Cuentas de España prosiga con la causa por el alquiler de los locales de San Antonio y abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable.

 El pleno del consistorio se ha reunido hoy de manera extraordinaria y urgente y ha adoptado un acuerdo plenario impulsado por todos los grupos de la oposición, que han argumentado que esta decisión es de naturaleza ejecutiva, lo que implica que lo aprobado es de obligado cumplimiento.

El PP, que se ha abstenido en la votación, ha negado que este acuerdo tenga naturaleza ejecutiva porque, según ha explicado la concejala Ainhoa Domaica, el órgano competente en este tipo de cuestiones es la Junta de Gobierno municipal no el pleno.

Con la decisión acordada hoy, la oposición quiere evitar el archivo de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, por un alquiler gravoso de los locales de la calle San Antonio.

En concreto, el alquiler de estos locales al empresario Gonzalo Antón se firmó por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que él había pagado un año antes por su compra (2,7 millones).

Una vez que el Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión, son las partes implicadas en el procedimiento, el Ayuntamiento de Vitoria, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las que tienen que tomar la iniciativa de presentar o no una demanda para que se abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable.

Maroto dejó claro el lunes que como alcalde él no va a pedir que se siga adelante con este procedimiento al entender que lo va a hacer el fiscal del Tribunal de Cuentas.

El acuerdo adoptado hoy establece que el Ayuntamiento de Vitoria se persone y solicite el inicio del procedimiento jurisdiccional contable en las actuaciones iniciadas en el citado organismo fiscalizador.

Además determina que el consistorio formulará pretensión de "reintegro de los daños" y el "abono de los prejuicios originados a los caudales o efectos públicos" con intereses legales desde el día en el que se entienda producido el perjuicio.

Durante el debate, la edil del PP Ainhoa Domaica ha asegurado que no defienden presentar una demanda porque están "convencidos" de la "legalidad" del alquiler y le ha recordado al portavoz del PSE, Patxi Lázcoz, que él no lo renegoció cuando fue alcalde.

También ha dicho estar "orgullosa" porque en el PP vasco "no hay ningún cargo público" imputado en un trama de corrupción.

Ha negado cualquier legitimidad para dar lecciones al portavoz del PNV, Gorka Urtaran, después de que ayer se conoció que un juzgado mantiene la imputación de 26 personas, entre ellas excargos de PNV, por una presunto caso de corrupción en Álava.

Lazcoz ha asegurado que si el Ayuntamiento de Vitoria no presenta la demanda hay un "99,9 % de probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas archive el caso. "Eso es lo que quieren -en referencia al PP- y que ocurra antes del 24 de mayo para decir que no ha pasado nada", ha resumido.

Urtaran por su parte ha opinado que Maroto está "incapacitado" para defender a Vitoria en este asunto y "deslegitimado" para dirigir la ciudad. Además, ha censurado que el alcalde "no quiera defender" los intereses de los vitorianos e intente "cerrar en falso" este caso.

El portavoz municipal de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha anunciado que su partido va a presentar una "demanda propia" y ha dicho que están hartos de "ingenierías legales" y de "derroche" de dinero público