El último pleno deja en el aire ampliar el ámbito de intervención de Surbisa
Las elecciones marcan la última sesión de la legislatura que deja a la próxima corporación la reflexión sobre el futuro de la sociedad municipal para la rehabilitación

(Google Maps)

Bilbao cierra legislatura con la aprobación de muchos asuntos del ámbito urbanístico y un clima de acuerdo preludio de la cita de las urnas. Ha reinado el consenso en los aspectos relacionados con la mejora de los barrios como la accesibilidad de Peñascal, los remates en la urbanización de la vaguada de Dolaretxe o la remodelación de María Díaz de Haro. En el otro lado de la moneda, sin embargo, el PNV ha hecho valer su mayoría absoluta para avanzar en los planes para derribar la antigua sede de Iberdrola en la calle Gardoki y construir pisos de lujo. "Un pelotazo urbanístico de libro", según la portavoz de Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, y una operación cuestionada por el PSE por entender que se está mermando el interés general. El concejal de Urbanismo, Eduardo Maiz, ha explicado que a falta de que la promotora entregue el proyecto definitivo los cálculos iniciales estiman que las arcas municipales ingresarán 3 millones de euros.
Del ámbito urbanístico y de planeamiento de la ciudad queda pendiente el debate sobre la necesidad de ampliar el ámbito de actuación de Surbisa. El PP pedía la "universalidad" de las ayudas para la rehabilitación, empezando por Santutxu, pero el concejal de Obras, Jose Luis Sabas, lo rechazaba para evitar "condicionar nada al siguiente mandato". Todos los grupos de la oposición coincidieron que Surbisa tiene que ser más "ambicioso". El portavoz del PSE, Alfonso Gil, apuntó incluso que "puede ser la sucesora de Bilbao Ría 2000". En esa línea, la próxima corporación tendrá que aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que diseña la ciudad. Los informes previos ya han advertido que, ante la falta de suelo, tendrá que encaminarse hacia la renovación y rehabilitación urbana.
Las prácticas sexuales entre desconocidos que tienen lugar en el alto de Santo Domingo han cambiado el tono de la sesión. El gobierno reforzará la vigilancia en la zona a raíz de la denuncia del PP que, a petición de los vecinos, exigía que se haga cumplir la Ordenanza de Uso del Espacio Público. Una ordenanza que Bildu y los socialistas no comparten porque creen que cae en la criminalización de ciertos colectivos. Las "nostalgias", decía el alcalde Areso al terminar, quedarán para los plenos extraordinarios que todavía quedan hasta renovar la cámara.




