La Fiscalía archiva las diligencias

Bilbao

Recordamos que estas diligencias de investigación se incoaron hace casi un año (8 julio de 2014), una vez que la Fiscalía recibió denuncia del sindicato ELA. Esta central estimó que los responsables de las Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y de Gipuzkoa habían podido incurrir en delitos de prevaricación administrativa por omisión por incumplir la sentencia del 14 de diciembre de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligaba a recuperar las ayudas fiscales. Unas ayudas, conocidas como vacaciones fiscales, que, vía exención de impuestos de sociedades y recuperación del 45% de las inversiones, fueron aprobadas por las Juntas Generales entre 1994 y 1999. Ese incumplimiento, voluntario según la denuncia, supuso la imposición de una multa de 30 millones de euros, abonada ya a la Hacienda de la Unión Europea. Según ELA, "perjuicio de la multa" tuvo mucho que ver con la "voluntad de incumplir la sentencia" y de ahí su denuncia ante la Fiscalía.

La Fiscalía abrió diligencias y, a partir de entonces, solicitó informes a las tres Diputaciones, además de al Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco y a Confebask, siendo llamativo, recordamos, que, por ejemplo, en el caso de Bizkaia hubo de habilitarse una sala especial en Fiscalía para albergar la documentación requerida. Valorados los informes, es ahora cuando la Fiscalía ha emitido, con fecha de 25 de mayo, el decreto al que hemos tenido acceso en la SER y en el que "entiende que no se han acreditado los elementos necesarios de los delitos objeto de denuncia". Mantiene Calparsoro que "es incuestionable que se produjo un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, lo que ha conllevado una multa (...), sin embargo tras las respuestas de las Diputaciones y el Gobierno Vasco se puede concluir que el proceso de recuperación tuvo complejidades, incertidumbres, dudas y diferencias interpretativas, que retrasaron el cumplimiento de la sentencia europea, con la consecuencia sancionadora". De acuerdo a este argumento, la Fiscalía considera que "no implican la comisión del delito de prevaricación denunciado" ya que "el delito de prevaricación exige la injusticia de la resolución y además que se haya dictado a sabiendas de esa injusticia".

Reconoce Calparsoro en este decreto al que hemos tenido acceso que "los responsables de la Haciendas de los tres territorios obraron incorrectamente tras ser requeridas para el incumplimiento íntegro de la sentencia europea, lo que al final ha sido pagado por la Hacienda (dinero común de los ciudadanos), además de generar un cierto perjuicio a las empresas acogidas a esos beneficios, pero las inversiones y proyectos realizadas en base a tales ayudas ya no se podían dejar sin efecto".

Por todo ello, el Fiscal Superior del País Vasco acuerda el archivo de estas diligencias de investigación y recuerda que ELA tiene ahora derecho a reiterar la denuncia ante el Juzgado de Instrucción.