Alaya ordena investigar las cuentas de la CEA y CCOO

Sevilla

La jueza Alaya ordena a la Guardia Civil que pida los datos bancarios de nueve cuentas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de una cuenta de Comisiones Obreras. La magistrada busca los movimientos de esas cuentas entre 2007 y 2009. Quiere conocer las transferencias, los reintegros, el cambio de divisas o remesas de cheques que han pasado por ellas.

Por otro lado, en otro auto conocido este martes, Alaya cita a declarar en calidad de imputados a 11 jefes de servicio de la Junta por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, en el caso del supuesto fraude en los cursos de formación. Se trata de altos funcionarios de la Junta que han ocupado ese cargo en las distintas provincias andaluzas. Tendrán que pasar por el juzgado entre el martes y el viernes de la semana que viene.

Alaya los cita a declarar por las "graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones" que recibieron multitud de entidades. Estos altos funcionarios han sido responsables de la planificación, el seguimiento y la gestión económica de los cursos de formación.

Desde sus cargos supuestamente permitieron que se hicieran los certificados para la Intervención donde se acreditaba que las entidades que habían recibido subvenciones las habían destinado al fin previsto, aunque no lo habían comprobado. De esa forma las empresas o sindicatos seguían recibiendo el dinero.

 Según explica la magistrada en un auto, estos jefes de servicio imputados supuestamente "omitieron iniciar y continuar" los expedientes de reintegro que correspondían y, por tanto, no recuperaron el dinero público "comprometido". También los responsabiliza de haber confeccionado las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, "sin justa causa", continuaron recibiendo subvenciones de la Junta aunque no habían justificado las anteriores.

Mercedes Alaya cita a declarar a los nuevos imputados entre el martes y el viernes de la semana que viene, cuando pudiera ser que la semana que viene llegue a instrucción 6 de Sevilla la nueva titular, María Núñez. Alaya está pendiente de que le concedan la comisión de servicio que ha pedido para seguir instruyendo algunas de las macrocausas que está investigando.

En este procedimiento de la formación está imputado el exconsejero  de Empleo, Antonio Fernández y nueve exdelegados provinciales de Empleo.

La jueza ha cifrado en 950 millones de euros las subvenciones concedidas y no justificadas a su debido tiempo. La Junta, una vez destapado el caso, ha iniciado distintos procedimientos de reintegro para poder recuperar las cantidades.