Fiscalía investiga la gestión del IVAM en la época de Císcar

Valencia

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias para investigar si se cometieron irregularidades en la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en la época en la que estaba dirigido por Consuelo Císcar, entre los años 2009-2013, según ha podido saber Europa Press.

El ministerio público ha abierto las diligencias este mismo lunes, día 22, después de que la pasada semana le llegara por dos vías --el propio IVAM y UGT-- el informe 'Procedimientos de Gestión Económico-Financiera de la actuaciones realizadas por el IVAM', realizado por la Intervención General, dependiente de la Generalitat, que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500% más del valor de mercado.

Tras recibir esta documentación, Fiscalía ha decidido investigar las supuestas irregularidades que se han detectado en relación con el pago de obras de arte, de comisarios, o gastos de viaje, alojamiento y comidas.

En concreto, en uno de los apartados del informe de la Intervención se cuestiona la adquisición de obras de arte por parte del IVAM y se indica que de cinco obras seleccionadas en el periodo 2009-2013 existen diferencias entre el precio de mercado y el importe pagado por la institución de entre el 45,20 y el 1.520 por ciento.

El total de este conjunto de obras supuso un desembolso de 205.120 euros frente a la valoración externa fijada en 97.500, lo que se traduce en una diferencia del 110 por cien. Así mismo, las propuestas de compra y su precio partían, según el mismo informe, de la directora general, casada con el exconseller y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, condenado por una pieza del llamado caso Cooperación.

Respecto a las exposiciones, la auditoría --remitida al fiscal-- pone de relieve que el instituto no disponía de una norma escrita para organizarlas y la elección de los comisarios y su remuneración se realizaba "de forma discrecional por la directora gerente (...) sin realizar análisis previo para determinar la correcta estimación de sus honorarios".

Igualmente, señala como "irregularidades más significativas" en el capítulo de publicaciones la contratación de los servicios de edición de los 20 números de la revista 'Cuadernos del IVAM', con un coste de 2,3 millones de euros, donde hubo fraccionamiento y adjudicación directa a una empresa "sin motivar adecuadamente la específica necesidad".

En cuanto a otros servicios, el informe habla de "gastos de viaje y alojamiento satisfechos a personas que no tiene relación laboral con el IVAM", por casi 38.000 euros; falta de justificación suficiente del motivo del desplazamiento para otros 58.000 euros; pagos de cerca de 3.000 euros para estancia a invitados a un simposio antes de su inauguración y después de su clausura; o un gasto de 990 euros "en concepto de comida de periodistas de ARCO en el que no se ha aportado la factura".

<strong>Císcar denuncia "trato inhumano"</strong>

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Consuelo Ciscar ha denunciado ser "víctima" de un "trato inhumano, degradante y vejatorio" que lesiona su "honor y dignidad ante el conjunto de la sociedad valenciana y española" y ha lamentado la "absoluta indefensión" en la que asegura que se encuentra al desconocer las actuaciones consideradas "irregulares" y las acusaciones que de ellas pudieran derivarse como consecuencia de su etapa al frente de la entidad. Ciscar ha pedido la paralización del procedimiento y el "amparo" de la autoridad competente.

Ciscar ha señalado haber tenido conocimiento por los medios de comunicación de la presentación de la denuncia basada en el informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana "sin que haya mediado ningún tipo de información ni audiencia previa" que le hubiera permitido "razonar y justificar las actuaciones" objeto del documento.

La exdirectora del IVAM ha asegurado que el pasado 17 de junio pidió por registro de entrada que se le diera traslado del Informe Provisional y un plazo para elaborar sus propias alegaciones. Sin embargo, ha afirmado que, a fecha de hoy, desconoce los hechos objeto de investigación.

A su juicio, esto supone una "vulneración grave de derechos fundamentales amparados por la Constitución Española en sus artículos 15, 18 y 24" y sostiene que, "de la irregular, parcial y sesgada información producida por la filtración del Informe, se deducen graves perjuicios morales y materiales, no sólo para mi persona, sino también para prestigiosos artistas locales y extranjeros, algunos de ellos de reconocimiento internacional, así como para instituciones, fundaciones y empresas". De hecho, ha subrayado que algunos de ellos "ya han manifestado su disgusto y la posibilidad de emprender medidas legales".