La Audiencia corrige a Alaya
La Sección Séptima dice que no cabe investigar a los parlamentarios de la comisión de Hacienda del Parlamento como había ordenado la magistrada
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Sevilla
La Audiencia de Sevilla cierra una de las últimas líneas de investigación que ha querido abrir la jueza Mercedes Alaya antes de su traslado a la misma Audiencia. Nueva corrección del Tribunal a la magistrada, en este caso para decir que no cabe investigar a los parlamentarios andaluces que formaron parte durante una década de la comisión de Hacienda del Parlamento Andaluz.
No hay indicios de que ocultaran información a sus compañeros o de que conocieran las irregularidades que supuestamente se producían en el pago de las ayudas socio laborales, o ayudas a empresas, según el Tribunal.
La Sección Séptima considera que no existen indicios ni sospechas de que ningún parlamentario andaluz de la comisión de Economía y Hacienda haya podido participar en la comisión de ningún delito relacionado con los ERE; con lo cual, la Audiencia afirma que no puede pedirse a la Junta documentación relativa a lo que pudo conocer la comisión de Hacienda del Parlamento sobre las irregularidades que se estaban produciendo en el pago de los ERE, en la concesión de las ayudas a empresas.
Alaya había pedido los Diarios de Sesiones de la comisión de Economía desde 2001 a 2010, los diarios de sesiones en los que se aprobaron los presupuestos andaluces esos años y la acreditación de que Hacienda ha remitido a esa comisión, cada trimestre, los expedientes de modificaciones presupuestarias de este periodo.
La Audiencia piensa que los peritos no pueden investigar con carácter general si los parlamentarios de la Comisión de Hacienda ocultaron o conocieron las supuestas ilegalidades de la partida con la que se pagaban los ERE.
Alaya con estas pruebas, que le deniega la Audiencia, quería saber “qué pudo hacer la Comisión de Hacienda del Parlamento para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a la agencia pública IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales”.
La Audiencia ha tardado año y medio en resolver y dar la razón a la Fiscalía que había recurrido lo ordenado por Mercedes Alaya.
