El fiscal pide la imputación del alcalde de Vigo y de tres dirigentes del PP en Pontevedra
El ministerio fiscal solicita a la jueza que instruye el caso que impute a medio centenar de personas, entre políticos, técnicos y empresarios
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Santiago de Compostela
El fiscal propone imputar en la causa por la Operación Patos al alcalde de Vigo, Abel Caballero, al expresidente y al exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán y José Manuel Figueroa -a la sazón presidentes del PP provincial y local, respectivamente-, y a la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, entre otros.
El representante del ministerio público propone imputar en su informe, según informan a Efe fuentes conocedoras de la investigación, a en torno de medio centenar de personas, entre políticos, técnicos y empresarios, en una causa judicial que investiga supuestas irregularidades en contrataciones públicas.
En esta lista también figuran los concejales de Vigo David Regades, Ángel Rivas -imputado en otra causa- e Isaura Abelairas, del PSOE, así como el exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde (PP).
En el caso de Louzán, Figueroa, Bravo Bosch, Regades, Rivas y Valverde, el fiscal les atribuye supuestos amaños de contratos y obras públicas y, adicionalmente, la recepción de regalos, excepto a la delegada de la Xunta.
La recepción de regalos es la imputación que propone para el alcalde de Vigo y recién elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, lo que el regidor desmintió la semana pasada tras alzar la jueza instructora del caso el secreto de sumario.
En su informe, el fiscal también informa a favor de desgajar la Operación Patos en piezas separadas y que se deriven a otros juzgados las investigaciones realizadas en los ayuntamientos de Ponteareas, Pontevedra, Santiago y Ourense.
El fiscal no aprecia indicios de delito en las obras investigadas en Zona Franca de Vigo y en los contratos de Aqualia.
En febrero de 2014, la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña; y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense.
También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio del Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.
