Tribunales

El TSJA aparta a Mercedes Alaya del caso de los ERE

El TSJA, por unanimidad, ha decidido apartar a Mercedes Alaya del caso de los ERE. En la nueva propuesta, para repartir el trabajo en el juzgado de instrucción seis de Sevilla, proponen al Consejo General del Poder Judicial que entre la titular Núñez y el comisionado, Álvaro Martín, se hagan cargo de la tramitación de los ERE, el supuesto fraude en los cursos de formación y los avales concedidos por la agencia pública IDEA

El TSJA aparta a Mercedes Alaya del caso de los ERE

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Sevilla

María Núñez ya informó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior que no precisaba la colaboración de Mercedes Alaya y que lo que necesitaba eran funcionarios.

Martín, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, también lleva los asuntos ordinarios de este órgano judicial.

El Tribunal Superior deja la puerta abierta a que en el futuro haya otras medidas de refuerzo y colaboración en este juzgado sevillano.

El TSJA aparta a Mercedes Alaya del caso de los ERE

El TSJA no explica los motivos por los que aparta a Alaya, en la nota de prensa remitida a los medios. Se limita a señalar que debe variar el plan de refuerzo previsto inicialmente "por las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo acuerdo de 23 de junio".

Es posible que la Sala de Gobierno se esté refiriendo al documento que Mercedes Alaya remitió al Consejo en el que ponía en duda los conocimientos de la nueva titular, María Núñez, y en el que decía que tenía amistad con el consejero de Justicia andaluz, Emilio Llera.

Mercedes Alaya ocupa desde mediados de junio una plaza de magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. El Consejo le concedió una comisión de servicio para que siguiera instruyendo los ERE y el llamado caso Mercasevilla. Pero tras la división del caso ERE en doscientas piezas el Consejo solicitó, de nuevo, al TSJA que dijera si era necesario mantener el reparto de trabajo que habían acordado.

Alaya tiene una escolta de cuatro policías nacionales, que se turnan en su vigilancia, desde que fue insultada por un grupo de sindicalistas en las puertas del juzgado, en octubre de 2013.

 
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