La oposición de Boadilla del Monte exige investigar los contratos de Gürtel
El PSOE exige que se abra una comisión de investigación y Ciudadanos que se audite la EMSV tras el informe de la IGAE revelado por la Cadena SER
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/S43AJCGLPVK77G7MFXKTIPPMEA.jpg)
El exalcalde de Boadilla del Monte / EFE
Boadilla del Monte
Los grupos de la oposición de Boadilla del Monte han reclamado que los contratos investigados por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del 'caso Gürtel' sean fiscalizados también a nivel municipal: los quince contratos por valor de casi noventa millones de euros cuyas irregularidades revela un informe de la IGAE adelantado este jueves por la Cadena SER. Desde el Partido Socialista ha sido Delia Rodríguez quien ha reclamado la creación de una comisión de investigación: "Ya va siendo hora de que el propio consistorio investigue profundamente y con transparencia. No se consideran responsables, pero lo son, y queremos saber cuál fue el daño económico y los responsables".
Desde Ciudadanos, su portavoz Patricia Reyes entiende que además de una comisión también debería auditarse la empresa municipal de suelo (EMSV): “Es importante ver todo lo que hay, las adjudicaciones ilegales que se produjeron en anteriores legislaturas”.
En declaraciones a la Cadena SER, la portavoz del gobierno municipal Susana Sánchez condena la corrupción pero rechaza que pueda constituirse una comisión de investigación en Boadilla del Monte al entender que las responsabilidades políticas ya fueron depuradas, y que el asunto está ahora en manos de la justicia: “Una comisión de investigación se realiza para dilucidar responsabilidades políticas, y esas ya se tomaron, ninguna de esas personas pertenecen al partido. Las responsabilidades políticas ya se tomaron, y hace tiempo”.
“Ahora nos explicamos los sobrecostes”
Por su parte, el grupo municipal de Alternativa por Boadilla entiende que este informe arroja luz sobre las sospechas de corrupción que llevan denunciando durante la última década. Su portavoz Ángel Galindo asegura que el informe prueba “que estamos ante una trama extensa que controlaba todo, y ahora nos explicamos todos esos sobrecostes de obra que han pagado los vecinos, todos esos precios escandalosos de las viviendas de protección pública”.
