La fiscalía de Medio Ambiente de Málaga a favor de pedir el ingreso en prisión en los casos graves de maltrato animal

Málaga

La reforma del código penal que entró en vigor el pasado 1 de julio establece mayores penas y sanciones para aquellos acusados de maltrato animal. Eleva el número de supuestos en los que estos hechos entran en el capítulo de delitos y se refuerza y amplía el listado de animales protegidos penalmente.

De hecho una de las principales modificaciones es que aumenta los supuestos en los que un animal se considera doméstico pero, sobre todo, eleva las penas de cárcel para los casos de lesiones graves o muerte del animal de 12 a 18 meses de prisión, condenas que pueden llegar al año de prisión en los casos menos graves, eleva la multa y en los supuestos de abandono e incluye como delito el abuso sexual de los animales.

Fernando Benítez, fiscal de medio ambiente de Málaga, asegura que en casos especialmente graves está de acuerdo en solicitar el ingreso en prisión del acusado: “Es cierto que la sensibilidad social ha calado profundamente sobre los derechos de los animales y la injusticia de los delitos contra ellos se cometen. Es cierto que en el código penal sólo aparecen los casos más graves que, precisamente es el ámbito propio del derecho penal y que las penas de la reforma penal sitúa la pena máxima en el año y medio de prisión, sigue estando por debajo de los umbrales de la suspensión de condena que sigue abierta ahí, hay que aplicar la ley pero es interpretable… estudiaremos caso por caso y en los asuntos más graves se solicitará y procurará el ingreso en prisión del autor de los hechos”.

En la provincia de Málaga sólo en 2014 se registraron cerca de 700 procedimientos por maltrato a animales domésticos.

A juicio llegaron unos 80 asuntos que se tradujeron en 62 sentencias condenatorias y 17 absoluciones, según Rosario Monter abogada especialista en estos asuntos: “Nos encontramos que el maltrato animal se denuncia poco, primero por miedo y , el segundo motivo, porque una vez interpuesta la denuncia no les hacen caso”.

Esto en el ámbito penal porque en el administrativo la norma de la Junta de Andalucía castiga con multas de hasta 30 mil euros las infracciones muy graves recogidas en la ley de 2003 y que incluyen la mutilación, el abandono o la muerte del animal.