Plasencia se declara culpable de delitos medioambientales para eludir la cárcel
Ha mostrado su disposición a abonar una fianza de 52 millones de euros
Juicio extracción áridos / Agencia
Santa Cruz de Tenerife
El empresario de la construcción Antonio Plasencia ha admitido su culpabilidad en los delitos contra el medio ambiente de los que ha sido acusado por la extracción de áridos en los barrancos del municipio de Güímar.
Además, estaría dispuesto a asumir una pena de prisión inferior a los dos años (en concreto, un año y tres meses) para evitar, de esta manera, entrar en la cárcel.
El expresidente de la patronal de la construcción Fepeco también ha mostrado su disposición a abonar unos 52 millones de euros (cifra en la que se valora el patrimonio que se le ha embargado como fianza) como indemnización para regenerar los barrancos afectados por la extracción.
Tres de los cuatro acusados, todos menos Francisco Javier del Rosario, han admitido también la culpabilidad de los delitos, aunque el pago de las cantidades para recuperar los parajes güimareros está en el aire, porque, según ha expuesto Carlos Álvarez, abogado de la acusación, "algunos de ellos se han declarado insolventes".
En la primera sesión del juicio, en el que junto a Plasencia se han sentado en el banquillo los empresarios José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario y Pedro Sicilia, la vista ha quedado suspendida hasta el 28 de enero a la espera de que se cierren los flecos de un posible acuerdo de la Fiscalía y de la acusación particular y popular con los imputados.
En caso de culminar el acuerdo previo con todos los acusados, el juicio no seguiría adelante, aunque cabe la posibilidad de alcanzar acuerdos individuales, con lo que podría continuar con algunos de los imputados.
En esa sesión del 28 de enero, deberán dirimirse también las cuestiones previas planteadas por las defensas, que van desde la petición de nulidad de actuaciones por presunta vulneración de derechos fundamentales de algún acusado hasta la prescripción del delito.
La defensa de Francisco Javier del Rosario adujo que el acusado no era representante legal de la empresa Áridos del Atlántico cuando sucedieron los hechos, sino un apoderado sin capacidad decisoria.
El abogado de Pedro Sicilia argumentó que los supuestos delitos habrían prescrito, pues las extracciones se llevaban a cabo desde décadas antes de los hechos denunciados y en todo caso los terrenos ya estaban completamente deteriorados.
En esta causa, la fiscalía y la acusación particular, que representa a un exconcejal y a un agricultor afectado por las extracciones, piden inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados y un total de 279 millones de euros de indemnización.
Las extracciones presuntamente ilegales objeto de este juicio, que han causado un gran daño ecológico, se llevaron a cabo entre los primeros años noventa y el 2007 y fueron denunciadas por el abogado Carlos Álvarez en nombre del exconcejal Francisco Javier Hernández y del agricultor Jesús Segundo Jorge Díaz, que ejercen las acusaciones particular y popular.
