"Nos quedan pocos cartuchos, tenemos que usarlos bien"

Cádiz

Casi nueve años desupués del cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real, los ex trabajadores que continúan sin encontrar trabajo han vuelto a salir a la calle. "Delphi solución", "trabajo para la bahía" o "los acuerdos están para cumplirlos" son algunas de las proclamas que se han escuchado, otra vez, en las calles de Cádiz, coreadas por las alrededor de 300 personas que se han sumado a la manifestación.

La han repetido durante años, y desde hace dos, además, lo hacen diariamente en el encierro que mantienen en el edificio de los sindicatos. Después de tanto tiempo, reconocen que les quedan "pocos cartuchos", y no quieren malgastarlos. De ahí que el principal mensaje tras la protesta haya sido el de unidad: "Necesitamos unión. Vamos a dejarnos ya de los del encierro por un lado o los sindicatos por otro. Somos una unidad y exigimos soluiciones para todos, desde el primero al último", explicó tras la marcha Francisco Senra, uno de los antiguos empleados de la multinacional de automoción.

Senra ha anunciado que el trabajo del colectivo está ahora en la preparación de una proposción de ley que pretenden llevar al Parlamento Andaluz para conseguir el apoyo de todos los grupos políticos. 

Precisamente contra la Junta de Andalucía, y contra los partidos representados en el Parlmaneto, se han dirigido la mayoría de críticas durante la manifestación de este lunes. La marcha ha hecho parada frente a las sedes de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE.

Sólo se ha librado de las proclamas en contra Podemos. El alcalde de Cádiz, José María González, de Por Cádiz Sí Se Puede, ha tendido la mano al colectivo para continuar con la negociación e iniciar, en representación del Ayuntamiento de Cádiz, una ronda de contactos con la Junta y el Gobierno central.

Esta semana los ex trabajadores de Delphi tienen dos citas más: el miércoles, una concentración en el edificio de los sindicatos con motivo de los dos años de encierro. El jueves, en los juzgados, donde van a exigir un criterio único en los casos en los que se ha suspendido las ayudas a estos trabajadores, salpicados por las sospechas de irregularidades en los cursos de formación.