El Gobierno quiere que se advierta a Forcadell

Barcelona

Es uno de los puntos del recurso ante que han presentado los abogados del Estado ante el Tribunal Constitucional, en el que aseguran que la comisión es un acto frontal de desacato y recuerdan que el hecho de que la comisión sea solo de estudio y no tenga carácter legislativo es solo una excusa para tratar de esconder que en realidad persigue objetivos inconstitucionales.

Para el ejecutivo en funciones, la comisión es el primer paso para desarrollar la resolución independentista del 9 de noviembre suspendida por el Constitucional y su verdadero objetivo es crear las bases jurídicas para la ruptura y para redactar la futura constitución catalana. Por eso pide a los magistrados que la anulen y que adviertan a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a los miembros de la comisión de que tienen el deber de impedir que se incumpla sentencia del alto tribunal, que podrían cometer un delito de desobediencia si apoyan los trabajos de esta comisión y que podrían ser sancionados por ello.

Esta es la primera vez que el Gobierno le pide al alto tribunal que utilice las nuevas atribuciones sancionadoras que le proporcionó la reciente reforma.