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CASO ARONA

Ansorena dice que si no pagabas las ‘mordidas’ no se concedían licencias

El empresario asegura que le exigieron 45 millones de pesetas a cambio de agilizar los permisos de obras

El empresario José Ramón Ansorena durante su declaración. / CADENA SER

Santa Cruz de Tenerife

"Juro por mi madre que no vas a sacar la licencia", ésta frase es la que le espetó el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa, al empresario denunciante del 'Caso Arona', José Ramón Ansorena. Durante más de tres horas, Ansorena respondió a las preguntas de la fiscal, y ratificó que fue extorsionado por parte de la junta de Gobierno utilizando al también empresario, Arsenio Zamora Toledo como intermediario quien le pidió 45 millones de pesetas para obtener una licencia de construcción de 206 apartamentos en la zona de Costa del Silencio. En su declaración ante la fiscal, Ansorena explicó que tanto él como su padre fueron extorsionados pero se negaron a pagar. “Nuestra licencia estaba paralizada y veíamos que alrededor de nuestra parcela se construían cientos de viviendas en suelo hotelero sin que nadie las paralizara. Después, en 2002 Arsenio Zamora nos pidió 2,5 millones de pesetas para que el Cabildo nos autorizara la licencia y después otros 9.000 euros por un informe jurídico”, explicó Ansorena a la fiscal, Francisca Sánchez. En este sentido, la familia Ansorena pagó los informes pero la vuelta de tuerca que, presuntamente, tenía preparada Arsenio Zamora como intermediario del ex arquitecto, Eliseo de la Rosa y el exconcejal de Urbanismo, Félix Sierra Melo, fue demasiado. Según explicó José Ramón Ansorena, el presunto intermediario, Arsenio Zamora Toledo pidió el pago de 45 millones de pesetas para poder desbloquear la licencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. La familia Ansorena, oriunda de Euskadi, ya había pasado por esta situación según asegura José Ramón Ansorena (padre) quien cuando le exigen 45 millones espetó a Zamora: “si ETA no me ha sacado el impuesto revolucionario tampoco lo harás tú”. Ante la negativa de pagar, los empresarios nunca pudieron fabricar el edificio de apartamentos y recurrieron a la justicia presentando la grabación en la que se prueba la extorsión como prueba principal.

 
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