Ortuella incumple la normativa
El Tribunal de Justicia de la Union Europea incluye el caso de este vertedero en la lista de los 29 de todo el Estado que violan la norma comunitaria. Considera que las autoridades españolas no adoptaron las medidas necesarias para cerrar "a la mayor brevedad posible"
Bilbao
El Tribunal de Justicia de la UE sentencia que el vertedero de Ortuella ha incumplido la normativa comunitaria sobre el vertido de residuos, al igual que ha ocurrido en otros 29 vertederos de todo el Estado. Este fallo se produce después de que la Comisión Europea denunciara que España no había cumplido las obligaciones que le correspondían en esta área. A juicio del Tribunal, España "no adoptó las medidas necesarias" para solicitar a las entidades explotadoras la elaboración de un plan de acondicionamiento en tres vertederos de residuos no peligrosos en Ortuella, en Zurita y en Juan Grande (Canarias). Además, las autoridades tampoco aseguraron la ejecución completa de dicho plan dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a la que se refiere la Directiva.
El Tribunal señala que la fecha pertinente para apreciar un incumplimiento en este asunto es el 25 de marzo de 2013, día en que expiraba el plazo fijado por la Comisión Europea, y ha añadido que España "no ha demostrado" que las obras necesarias para ajustar estos vertederos a la directiva se realizaran antes de esa fecha. El Tribunal destaca que las autoridades españolas tampoco adoptaron las medidas necesarias para cerrar "a la mayor brevedad posible" las instalaciones que no obtuvieron autorización pertenecientes a otros 27 vertederos, 9 de ellos de residuos no peligrosos y 18 de residuos inertes. En este sentido, recalca que España "tampoco ha demostrado" que las obras necesarias para que estos 27 vertederos se ajusten a la directiva "hayan sido ejecutadas en los plazos fijados" y las autoridades españolas "no han expuesto razones específicas que justifiquen por qué no se respetaron esos plazos".
El Tribunal da la razón a la Comisión, que sostuvo que sus investigaciones y el análisis de las respuestas de las autoridades españolas a lo largo del procedimiento administrativo "permitieron evidenciar el incumplimiento de varias de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria".