Los arquitectos niegan que la ley del Suelo agilice el planeamiento urbanístico

Santa Cruz de Tenerife

El anteproyecto de la Ley del Suelo, aprobado por el Gobierno de Canarias y que deberá ratificar el Parlamento, sigue suscitando reacciones. Uno de los aspectos más controvertidos es la supresión de gran parte de las competencias que ostenta la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) como principal órgano de deliberación, consulta y decisión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. La Cotmac tiene la potestad de dar el visto bueno a las iniciativas urbanísticas promovidas por ayuntamientos y cabildos. Ahora bien, con la nueva Ley, este órgano se limitará a elaborar un único informe sobre todos los ámbitos a los que afecte cada iniciativa urbanística. Esta circunstancia afecta a los arquitectos de Canarias, quienes han visto cómo los planeamientos y proyectos se han dilatado por espacio de décadas en muchos casos, acabando en los tribunales y paralización el desarrollo de planes generales. Al respecto, Argeo Semán, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife (Coactfe) se muestra escéptico con la nueva ley del suelo.

"El problema no está en cuáles son las administraciones que intervienen, sino en cuánto tarda cada administración porque estamos permanentemente en una sucesión de informes y contra informes jurídicos que acaban alargando los procesos de aprobación", indicó. Del mismo modo, Semán basa su escepticismo en que el urbanismo se ha convertido en un arma política arrojadiza en los ayuntamientos, donde tienen más fuerza los planes generales que los presupuestos municipales".

 En la misma línea, el arquitecto y coordinador de la comisión de estudio de la nueva ley del Suelo que aglutina a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, CEOE y Fepeco, Hugo Luengo, valora el cambio de normativa, especialmente en el caso de la simplificación de los trámites en la Cotmac. "Históricamente se ha estado tratando a las administraciones locales como cabildos y ayuntamientos y hemos montado un tinglado en el que hasta las decisiones más pequeñas tenían que acabar en la Cotmac y eso es un disparate", señaló Luengo.

Objetivos de la ley

Los principios de la reforma atienden, pues, al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático. Y, desde este principio irrenunciable, la nueva Ley del Suelo se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.