La Fiscalía no ve delito en los espionajes a Ignacio González y pide el archivo
El Ministerio Público no ve indicios de revelación de secretos ni vulneración de la intimidad a Ignacio González en el vídeo de espionaje en Cartagena y el informe patrimonial porque se hicieron con datos públicos y sin intención de grabar las conversaciones. Los detectives imputados declararon haber recibido encargos por presunto cobro de comisiones en el Canal
Ignacio González, en una foto de archivo / EFE
Madrid
El juez de instrucción del juzgado Número de 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dado traslado a la Audiencia Provincial de Madrid del 'caso de los espías' de Ignacio González como paso previo a la petición de apertura del juicio oral. El juez lo hace tras rechazar los recursos de sobreseimiento de las empresas de detectives imputadas a los que se adhiere el ministerio público. La causa, por tanto, llega al tribunal madrileño con la petición de archivo de la Fiscalía que no ve delito en la elaboracion de dossieres de patrominio de Ignacio González y el video grabado con cámara oculta en Cartagena de Indias al entender que en ningún caso se ha producido revelación de secretos o vulneración del derecho a la intimidad del político madrileño.
En el caso del espionaje con cámara oculta en Colombia en el que se veía a Ignacio González junto a varios consejeros del Canal de Isabel II y empresarios de la construcción en Cartagena de Indias, la Fiscalía entiende que no hubo intención de grabar las conversaciones entre González y los directivos. En el escrito -al que ha tenido acceso la Cadena SER- la fiscal asegura que "la gran mayoría de imágenes se corresponden con entradas y salidas del Hotel en el que se alojaban, con un breve seguimiento por la vía pública o el desayuno en la cafetería del hotel y a una distancia que es imposible captar cualquier tipo de conversación". Por todo ello, concluye, ni el encargo consistió en grabar las conversaciones ni hubo intención como se demuestra con el video aportado a las actuaciones por la Cadena SER.
Lo mismo dice la Fiscalía del dossier de 69 páginas sobre las adjudicaciones y el incremento patrimonial de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, difundido por el diario Público. La fiscal María Rodríguez entiende que no ha quedado acredita la autoría por parte de Método 3 y si así fuera, asegura, “en nada habría vulnerado el derecho a la intimidad del denunciante pues los datos que se recogen han sido obtenidos de manera completamente lícita, a través de registros públicos y sin que se produzca vulneración de derecho alguno”.
El juez Adolfo Carretero remite ahora los tres recursos de apelación a la Audiencia Provincial que tendrá que decidir si archiva o da luz verde a sentar a los detectives en el banquillo. En total, se conocieron hasta cinco casos de espionajes a Gozález acumulados en este juzgado desde el año 2009. Ambos directivos de las agencias, en su declaración judicial, reconocieron haber realizado parte de los encargos y haber recibido el encargo por el presunto cobro de comisiones en el Canal de Isabel II.
"Fue por una comisión"
Las declaraciones judiciales de los imputados hacían referencia a que los motivos de los encargos se habían producido por supuestas comisiones irregulares vinculadas a las empresas del Canal en los contratos en Latino América. F. Marco, director de Método 3, explicó al juez que el dossier de la "Triple A "Se lo encarga una empresa americana que quería saber quién era la Triple A. Que esta sociedad se puso en venta con una comisión y la empresa contratante quería saber quien estaba detrás, con sus familias y patrimonios, que eran Ildefonso de Miguel, Ignacio González y Mariano Zabía". Y alegó "Son informes básicos para saber a quién tienen que pagar la comisión". Lo mismo alegó el responsables de Mira Detectives, J. Gutiez, sobre el seguimiento en Colombia "El abogado (supuesto cliente) le dijo que el seguimiento tenía por finalidad comprobar si la cúpula del Canal tenía contactos que pudieran indicar la existencia de comisiones ilegales".
El Canal también ‘espió’
En plena investigación judicial por intentar localizar a quiénes encargaban espiar a Ignacio González y su entorno en el Canal de Isabel II, en uno de los registros policiales a la agencia Método 3, los agentes encontraron anotado en el libro de registro el nombre del Canal Isabel II como cliente. El encargo -según el libro de registro de la agencia- era espiar a Javier Soler, entonces consejero del Canal de Isabel II en Canal Extensia, filial de la empresa pública de aguas en Latino América. Cuando la Policía acudió al Canal - requerimiento en mano- para preguntar si habían hecho encargos a la agencia catalana, con qué objetivo e importes, la empresa reveló haber encargado seguimientos a tres de sus trabajadores por un total de unos 12.000 euros.
