El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio por el explio

Huelva

El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer la situación del yacimiento neolítico de la Orden-El Seminario y el estado de protección de esta Zona Arqueológica de Huelva, declarada así por la Junta desde 2001.

Jesus Maeztu quiere conocer el grado de protección de los yacimientos por parte de Cultura y las intervenciones que se hayan realizado hasta ahora.

En el texto de la queja se recogen todos los hallazgos que desde 1998 se han encontrado en el yacimiento que certifica que Huelva es la ciudad más antigua de occidente.

Ya saben que la denuncia fue a raíz de un arqueólogo y se presentó ante del Seprona. En estos momentos está en trámites judiciales.

El defensor quiere conocer cuáles han sido las medidas de protección establecidas por la Junta y la capacidad de respuesta para impedir un expolio de este calado.

 A todo esto, y aunque con casi dos meses de retraso, las parcelas del yacimiento arqueológico afectado por el expolio van a vallarse como medida de protección por parte de los propietarios de los terrrenos. Así lo ha  acordado la Junta y el Ayuntamiento onubense tras concederle a los titulares la autorización pertinente.

El yacimiento arqueológico del Seminario será protegido en los próximos días con un cerramiento perimetral por parte de las empresas propietarias de los terrenos, una vez que el Ayuntamiento de Huelva ha resuelto toda la tramitación para autorizar esta actuación recabando el informe favorable de la Junta de Andalucía.

Como ha señalado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Manuel Gómez Márquez, "desde el primer momento hemos dado a este asunto prioridad absoluta en el Ayuntamiento, actuando con todas las garantías jurídicas y procedimentales, ya que estamos hablando de un Bien de Interés Cultural (BIC), requiriéndose, por tanto, el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

La medida se ejecutará de forma independiente a la vía judicial que es la encargada de depurar responsabilidades por la pérdida de parte de este patrimonio arqueológico. El ayuntamiento onubense recuerda que por unanimidad en el pleno  se acordó instar a los titulares a adoptar cuantas medidas fueran necesarias para evitar sucesos de esta índole.

En tiempo récord, el Consistorio ha otorgado licencia de obra menor para dicha actuación a las promotoras Altamira Santander Real State SA y Quinto SA, empresas titulares de las cuatro parcelas del sector B-3 Santa Marta-La Orden inscritas desde 2007 como BIC dentro de la Zona Arqueológica de Huelva.

De las distintas soluciones técnicas propuestas en la solicitud de este permiso, la resolución de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta ha señalado la que no afecta al suelo de la parcela ni conlleva movimientos de tierra, al consistir en la instalación de una malla metálica de dos metros de altura y postes de cada tres metros anclados en el acerado mediante una placa base atornillada.

Una vez que el Ayuntamiento concedió la licencia en el día de ayer a las empresas, a partir de ahora se otorgan 10 días para acometer la actuación autorizada de forma ininterrumpida. "Defender nuestro legado histórico debe ser una obligación de todos los ciudadanos, con las Administraciones por delante", ha recalcado el concejal, incidiendo en que "después de los deplorables hechos que han provocado la indignación de toda Huelva, debemos ir más allá de las estrictas obligaciones legales", sostiene Manuel Gómez.

El también portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que el Ayuntamiento y la Junta han firmado un protocolo con la Universidad de Huelva para acometer una intervención arqueológica en la zona y ha manifestado que "lamentablemente, ya no podemos retroceder en el tiempo, pero estamos dando todos los pasos que nos corresponden para que el peso de la Ley recaiga sobre los responsables y, por supuesto, se garanticen todas las precauciones para que algo así jamás vuelva a suceder".