Un guardia civil asegura que los seguimientos se realizaron por “especial interés” de Ignacio González

Madrid

El guardia civil Antonio Coronado ha apuntado directamente a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, como el origen de la orden de espiar a altos cargos: "A principios de marzo de 2008 el director general de Seguridad nos reúne en su despacho y nos dice que por especial interés del vicepresidente primero, Ignacio González, hay que recabar información, unos seguimientos, de unas personas, unos objetivos". Unos seguimientos que según ha dicho "nunca hemos realizado" pero que tenían por objetivos, entre otros, a Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes.

Son declaraciones de uno de los imputados en el 'caso espías' en la Asamblea de Madrid durante la Comisión sobre la Corrupción. También ha revelado que el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, les aseguró que todo era "un montaje, la juez lo sabe, que a Ignacio González lo único que le interesaba era si íbamos a cantar o no íbamos a cantar, que él quería ser presidente", añadiendo que también les dijo que "Esperanza Aguirre le prometió que seguiríamos en nuestros puestos".

"Soy víctima de ese sistema", ha asegurado el agente, defendiendo que no llegó a hacer estos seguimientos, que ha definido como "locura".

José Manuel Pinto, el primer compareciente en la Asamblea de Madrid por el caso del supuesto espionaje político en la Comunidad, ha sido contundente en su declaración: el esionaje "es un modus operandi de la Comunidad de Madrid desde hace muchos años", añadiendo que cree que su teléfono está pinchado. "Esto no es una novela de John le Carré", ha añadido.

Defendiendo que no participó en los seguimientos que investiga la Justicia, Pinto también ha afirmado que el jefe de despacho de la Dirección General de Seguridad, Pedro Agudo, le dijo que habían venido a la Comunidad a "cazar" a Ignacio González, Esperanza Aguirre y también a Francisco Granados porque según le dijo "son unos chorizos".

Algo que Pinto ha atribuido a un intento de incriminarle en algún tipo de delito: "Intentaba buscarme un lío, buscaba que yo le contestase. Se me pusieron los pelos como escarpias", ha afirmado, destacando que apenas "veinte días después" Agudo abandonó la Dirección de Seguridad.

José Manuel Pinto ha repetido en varias ocasiones lo que ya ha declarado en sede judicial: que la letra de los informes de los supuestos seguimientos no es suya, sino de Miguel Castaño, entonces número dos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

"Yo no soy nadie, soy un simple técnico especialista de la Comunidad de Madrid", ha afirmado. También ha asegurado que la Comunidad de Madrid tuvo que indemnizarle con "unos dieciséis mil o diecinueve mil euros" después de que el Tribunal Supremo declarase improcedente su despido.

Pinto también ha denunciado haber sido presionado antes de acudir al juzgado a declarar: según ha asegurado, recibió en su casa una visita de Sergio Gamón, entonces Director General de Seguridad, para exigirle que "no eches mierda sobre el señor Francisco Granados ni sobre el señor Castaño".

De la misma manera, ha asegurado que altos cargos de la Comunidad le ofrecieron una plaza en la academia de Policía a cambio de su silencio: "La gente ha mentido, he tenido cinco o seis reuniones en la Consejería de la calle Pontejos con el viceconsejero Armada y con Carretero".