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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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Las claves sobre las posibles irregularidades del edificio de Arroyo

Recopilamos las informaciones más importantes que sobre este tema ha venido aportando la Cadena SER

Si todo se desarrolla según lo previsto, en mayo comenzarán las declaraciones en el Juzgado Nº2 de Valladolid sobre las presuntas irregularidades investigadas por este juzgado en torno a la compra por parte de la Junta del edificio de Arroyo, que en la actualidad alberga dependencias de la Agencia de Desarrollo y los terrenos para la promoción de un polígono en la localidad de Portillo.


Sobrecostes

Recordemos que lo que se investiga en ambos casos es si hubo un sobrecoste concertado en la compra del edificio y de los terrenos. Algunas estimaciones cifran en unos 50 millones de euros la cantidad que la Junta habría pagado de más por las dos adquisiciones.

 

Declaraciones de los investigados

Hay una treintena de personas investigadas, antes imputadas, que pasarán por el Juzgado a declarar. Se trata de altos cargos y ex altos cargos de la Junta y distintos empresarios que podrían haber obtenido un beneficio ilícito por las citadas operaciones y que hace 10 meses ya fueron llamados a declarar, aunque finalmente estas comparecencias fueron aplazadas a la espera de la llegada de distintos informes de la policía y la Agencia Tributaria . Entre los investigados están el que fuera número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero delegado de la empresa pública Excal Alberto Esgueva, el ex gerente de Gesturcal Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo, actual delegado de la Junta en Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía . Hace unos días en la SER informábamos de la inclusión en esta lista de investigados de la que fuera hasta el pasado mes de julio viceconsejera de Economía Begoña Hernández. Los máximos responsables de Economía de los últimos 13 años, a excepción del ex consejero Tomás Villanueva, tendrán que declarar para responder por posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias o fraude a la administración.

 

Comisión de investigación

En paralelo, se espera el inicio de las comparecencias ante la comisión de investigación que se lleva a cabo en las Cortes regionales para dilucidar posibles responsabilidades políticas por la posible compra irregular del edificio en Arroyo, los terrenos de Portillo y la conocida como trama eólica. La mayoría de los citados por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valladolid, también acudirán como comparecientes a la citada comisión de investigación.

 

Lo que hemos contado en la SER

En la SER venimos informando desde 2013 sobre la investigación que se sigue en torno a la adquisición por parte de la administración regional del edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo. Durante este tiempo, hemos ido aportando diferentes primicias. Algunas de ellas se recogen en el siguiente relato informativo sobre el controvertido edificio conocido popularmente como `La Perla Negra´ debido, según algunas versiones, a su aspecto exterior en el que predominan los tonos oscuros o por ciertas similitudes que algunos establecen con el barco de la película Piratas del Caribe.

 

La Junta decide alquilar un edificio

El 30 de diciembre de 2005 el Boletín Oficial de Castilla y León publica las condiciones y requisitos para concurrir al concurso público de arrendamiento con opción de compra de un edificio para la ubicación de servicios administrativos pertenecientes a la Junta. Trece días después, con la navidad por medio, la empresa Urban Proyecta PM3, S.L, perteneciente al grupo Parqueolid, presenta una oferta económica, que finalmente gana el concurso , por la que se compromete a arrendar un edificio, que en esos momentos no existe, en la finca 49 del sector 15 de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, de 10.000 metros cuadrados construidos . El terreno es adquirido a Mahía Grupo Inmobiliario el día 11 de Enero de 2006, un día antes de que Urban Proyecta formalice su propuesta y por consiguiente, antes de saber si su propuesta será la elegida. El precio de alquiler por metro cuadrado que se refleja en la oferta es de 24 €, un precio muy por encima de mercado, según distintas estimaciones, que supondría al año un desembolso para la Administración Regional de 2.880.000 € en concepto de alquiler. En el documento que recoge la oferta de Urban Proyecta PM3, también se hace mención a lo que la Junta debería abonar, caso de ejercer la opción de compra. La cantidad mencionada es 34.900.000 €. Este importe es el resultado de sumar 27.400.000€ por el edificio y 7.500.000 por el suelo.

 

Información Privilegiada

El Estudio de Arquitectura Lamela que lleva a cabo el proyecto cifra en 34 millones el precio del inmueble, según consta en su propia web. Este estudio de arquitectura factura a Urban Proyecta el 14/09/2005 la cantidad de 31.320 € en concepto de “honorarios por la fase de concurso proyecto ADE” . Recordemos que hasta el 30/12/2005 el Bocyl no publica la convocatoria del concurso por el que la Junta de Castilla y León divulga que está interesada en alquilar un edificio, lo cual permite pensar que Urban Proyecta disponía de información privilegiada, tal y como se recoge en un informe de finales de 2014 del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía.

 

El precio del edificio

Si bien es cierto que el proyecto del inmueble posteriormente supera los 30.000 metros cuadrados construidos, tal y como figura en la web del estudio de arquitectura Lamela, la Junta de Castilla y León termina pagando 52.155.000 € + IVA (60.499.800) según se recoge en la escritura de compraventa fechada el 1 de abril de 2009 que se formaliza tras haber abonado el alquiler pactado durante varios meses y desatarse una gran polémica derivada de la elevada cuantía que la Junta a través de la empresa pública Gesturcal tuvo que asumir. Una reciente tasación del edificio sostiene que el precio satisfecho por la empresa pública se ajusta a las condiciones del mercado inmobiliario, valoración que la Fiscalía pone en duda, hasta el punto de que ha encargado una nueva tasación, entre otras cosas porque en su momento se llevaron a efecto otras valoraciones en las que se indicaba que la cantidad abonada fue muy superior a la que en el momento de la compra reflejaba el citado mercado.

 

Distintas valoraciones

Una estimación de la propia Consejería de Hacienda situó el precio del inmueble entorno a los 40.000.000 €. La Junta mantiene que el precio pagado por el edificio conocido como `La Perla Negra´ es el reflejado anteriormente ( 52.155.000+IVA) algo que no coincide con lo señalado por la Agencia Tributaria, desde donde se sostiene que Gesturcal pagó a Urban Proyecta la cantidad de 60.585.799,76 €+IVA, es decir, casi 8.500.000 € más de lo que figura en las escrituras de compraventa. La Agencia Tributaria en su informe incluye varios conceptos, además del precio “oficial" del edificio, relacionados con varias ampliaciones y modificaciones que habrían supuesto un notable incremento en el montante económico abonado finalmente por la Junta a través de Gesturcal. Estos conceptos podrían haberse abonado de forma irregular por no contar con la aprobación preceptiva de los órganos de gobierno competentes.

La escritura de compraventa del edificio se formaliza en la fecha mencionada (1 de abril de 2009) por Germán-José Martín Giraldo en calidad de administrador solidario de Urban Proyecta PM3 (Grupo Parqueolid) y Rafael Delgado Núñez, en ese momento consejero delegado de Gesturcal.

Germán-José Martín Giraldo es uno de los investigados (imputados) por las posibles irregularidades en la compraventa del edificio que se están investigando en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Valladolid. Así mismo, Urban Proyecta PM3 participó en la compra de terrenos para la creación de un polígono industrial en Portillo, asunto que también se encuentra en el Juzgado antes mencionado. De igual forma su nombre aparece en el informe de la Agencia Tributaria sobre la supuesta trama eólica que investiga la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, figura como accionista de la empresa Cronos Global, que podría haber sido beneficiada con comisiones ilegales.

Rafael Delgado Núñez. Alto cargo de la Junta entre 1995 y 2011. Entre los puestos que desempeñó en este periodo, cabe destacar el de consejero delegado de Gesturcal, el de viceconsejero de Economía o el de secretario general de la Consejería de Economía. Durante 8 años (2003 a 2011 ) fue el nº 2 de la Consejería de Economía. Rafael Delgado aparece en el centro de las investigaciones de la trama eólica, la compra del edificio de Arroyo y la compra de terrenos en Portillo para la promoción de un polígono industrial.

A falta de que se diriman posibles responsabilidades en la compra del edificio de Arroyo y en la adquisición de los terrenos de Portillo para la creación de un polígono y por si de las actuaciones judiciales se desprendieran responsabilidades económicas, la Fiscalía ha instado a la Junta a que se presente en el proceso como perjudicado, para llegado el caso, poder ser beneficiaria de posibles indemnizaciones. Recordemos que algunas estimaciones como la del PSOE, calculan en unos 55 millones de euros lo presuntamente cobrado de forma ilícita. Por el momento, la Junta declina ejercer este derecho que le asiste, aunque no renuncia a hacerlo efectivo si en el transcurso del procedimiento se evidenciara que efectivamente ha existido el pelotazo que se señala desde distintos ámbitos.

 

 

 

 

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