“Aquí o se viene a trabajar o que se queden en su país”

Robledo de Chavela

"Un 80 por ciento de las mujeres que mueren en España no son de España, a lo mejor tienen la nacionalidad pero es una cultura diferente". Expresiones como ésta o "aquí o se viene a trabajar o que se queden en su país, con mis impuestos no quiero dar a los demás cuando le tengo que dar a los españoles" le han costado una denuncia al exalcalde y ahora concejal de la localidad madrileña de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente. Ha sido la ONG SOS Racismo la que ha decidido llevar sus declaraciones sobe refugiados durante un pleno municipal ante la Fiscalía de delitos de odio, por entender que podrían ser constitutivas de delito. De la Fuente llegó incluso a vincular las agresiones sexuales de Nochevieja en Colonia con la inmigración en España: "Esto ha pasado en Alemania, que lo tenían pensado, era su fiesta, su cachondeo... pero puede pasar aquí. Aquí hay mujeres concejales e hijas de mujeres de concejales. ¿Y qué decimos el día de mañana? Está todo muy bien hasta que nos toca, y cuando nos toca ya ponemos las barbas a remojar", dijo en ese pleno a mediados de enero.

Tras realizar estos comentarios, uno de los otros concejales del pleno recriminó al exalcalde el tono racista que podría haber en sus comentarios, a lo que De la Fuente contestó: "Yo no estoy en contra de la inmigración , yo estoy en contra de la inmigración que viene a utilizar el país a costa de mis beneficios, porque hay muchos españoles que no tienen para vivir pero si tienen la renta mínima de inserción muchos inmigrantes".

Pero el comentario no se quedó solo ahí. El concejal popular llegó a relacionar a la población inmigrante con el tráfico de hachís en el municipio en una nueva réplica. "Tú no sabes el tráfico de hachís y marihuana que hay en el pueblo, por parte de españoles y por extranjeros. Porque una persona con 451 euros no puede vivir, pero si viven del trapicheo", declaró De la Fuente.

En un comunicado, la organización define como "inadmisibles" estas declaraciones, asegurando que son "especialmente graves cuando se producen en espacios públicos e institucionales como son los plenos de un ayuntamiento. Es intolerable que un representante público adopte un discurso xenófobo contra los refugiados en un momento en el que las instituciones públicas deberían estar a la altura de una crisis humanitaria sin precedentes".

La ONG considera que estas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de incitación al odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, penado con condenas de entre uno y cuatro años de prisión.