Lluvia de recursos judiciales para reclamar las ayudas a la Dependencia rebajadas por Cospedal en 2013

Toledo

Miles de reclamaciones de personas dependientes o de sus familiares se han presentado ya tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que en abril del año pasado anuló la orden de 2013 por la que Cospedal modificó, muchas de ellas a la baja, las ayudas y prestaciones de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha.  

Bien ante la justicia o bien ante los servicios sociales de la Junta para que sus casos sean revisados, el caso es que miles de personas, "imposible de cuantificar" según la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Castilla-La Mancha, han presentado ya sus reclamaciones exigiendo que se les devuelva con carácter retroactivo las ayudas que les fueron arrebatadas tras la orden ilegal y anulada del mes de julio de 2013 por la que el anterior Gobierno de Cospedal las redujo en su mayoría.

La Presidenta de la Plataforma en Defensa de la Dependencia, Aurelia Jerez, cree que la gran cantidad de reclamaciones "podría provocar un retraso" en la resolución de expedientes y lamenta que "la Junta no haya establecido un plazo para dar opción a los afectados a presentar de nuevo alegaciones". "En el pecado llevarán la penitencia", insiste, "porque habrá consecuencias".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, niega esas consecuencias porque son los servicios jurídicos de la consejería y no los sociales los que se están encargado de esas reclamaciones. Según Sánchez, "se está estudiando por los servicios jurídicos porque hay dos situaciones: en primer lugar, cuando había una resolución firme, y en segundo lugar cuando la persona estaba pendiente de resolución que se acogerá al nuevo decreto que se aprobó en el mes de enero de forma inmediata".

La Plataforma de la Dependencia también ha lamentado que en el mes de febrero se hayan reducido las prestaciones económicas concedidas por la Junta según los datos del IMSERSO. Sin embargo, la consejera niega que se hayan quitado prestaciones, como hizo el gobierno anterior, y asegura que el descenso se debe a que en su mayoría son personas mayores que ya han fallecido, a personas que se han ido a otra región o a personas a las que en lugar de la prestación económica se les ha adjudicado otro servicio.