Prisión sin fianza para el empresario huido a Moldavia
La juez del caso EMARSA ha enviado a prisión a Jorge Ignacio Roca, considerado cabecilla de la trama que expolió la depuradora de Pinedo, tras negarse a declarar
Valencia
La juez del caso EMARSA, que investiga el supuesto saqueo de la depuradora de Pinedo, ha enviado este lunes a prisión sin fianza al empresario Jorge Ignacio Roca, considerado cabecilla de la trama y que estuvo fugado en paradero desconocido, tras negarse a declarar.
Roca ha comparecido ante la juez este lunes por primera vez desde que fue extraditado a España la semana pasada. Había huido a Moldavia. Roca, cuya defensa no ha tenido todavía acceso a la causa, había pedido la libertad condicional alegando arraigo familiar, pero todas las acusaciones se han opuesto y esa pretensión ha sido denegada.
Roca Samper está imputado por malversación, falsedad y delito contra la Hacienda Pública y la instructora sospecha que giró facturas falsas a Emarsa a través de empresas interpuesta que encarecieron el coste final del servicio en más de 10 millones de euros.
Está imputado en dos piezas: la principal (por delitos de malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública) y la pieza separada número 6 en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública.
La instructora no descarta que esté "vinculado con organizaciones criminales que no solo han facilitado su vida sino que le han ayudado a estar evadido de la Justicia española" durante más de cinco años en los que ha viajado a Rumanía, Moldavia, China, Bulgaria, Malta o Andorra.
La magistrada, que recuerda que "se ha perdido el rastro del dinero defraudado", no descarta que el detenido pudiera intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.
Jorge Ignacio Roca Samper, en busca y captura desde enero de 2012, fue arrestado en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de Emarsa.