"El Frontón Mimetiz, una obra ruinosa"

Bilbao

Este proceso judicial se inició por una demanda de Construcciones Olabarri al Ayuntamiento. El Consistorio defendía que las obras del frontón estaban mal ejecutadas en base a informes técnicos y demandaba, por esta razón, quedarse con el aval entregado en su momento (193.572 euros). Sin embargo, el juez ha desestimado la demanda de Construcciones Olabarri reconociendo de entrada que "lo que se entregó al Ayuntamiento fue una obra ruinosa, por quedar demostrado que no podía usarse para el fin para el que fue construído".

En la sentencia, el juez afirma que "se pactó ahorrarse el 25% de la capa superficial del suelo por motivos que no es aventurado imaginar" y que el Consistorio "abonó 107.000 euros a Construcciones Olabarri en concepto de pago por gestión de las tierras excavadas". Asume que "el no haber llevado las tierras a un vertedero y no haber abonado un canon, supone un enriquecimiento indebido que debe ser compensado". Sostiene que "la garantía incautada, 193.572 euros, no compensa la suma del canon y la reparación ejecutada, que ha costado 185.964 euros". Reconoce el magistrado que "la definitiva liquidación de la obra no es objeto de este procedimiento" y es aquí donde invita, según el alcalde Javier Portillo, a iniciar otro camino por la vía penal.

La primera acción, según el alcalde, va a ser una "liquidación fina" sobre cuánto dinero se ha gastado el Ayuntamiento en reparar lo que Construcciones Olabarri hizo mal. Dicen que con el aval no es suficiente para el gasto que ha supuesto la reforma (en torno a 200.000 euros). Van a reclamar, además, una indemnización por los años en los que "el pueblo de Zalla no ha podido disfrutar de esta infraestructura pública". En tercer lugar, van a reclamar los 100.000 euros en concepto de canon de vertido para que las tierras se llevaran a un depósito oficial cuando se ha confirmado que "los residuos se reutilizaron como rellenos para el acondicionamiento de una pista-circuito de motocross" en terrenos cedidos a canon. Según Javier Portillo, reclamarán aproximadamente 150.000 euros, además de la indemnización "por calcular". El siguiente capítulo, será la via penal, y un posible delito de malversación de fondos públicos.

Una opción, la de acudir a la vía penal, que abordará el equipo de gobierno en el Pleno ordinario del 4 de mayo.