La Asamblea pide el alquiler social antes de los desahucios

Murcia

La principal novedad que introduce esta modificación de la Ley de Vivienda es la mediación voluntaria entre bancos y los tenedores de viviendas con los ciudadanos con dificultades para el pago de sus hipotecas, con el principal objetivo de evitar los desahucios, que en el caso de la Región son 7 al día, según la PAH. También pide el alquiler social aunque para evitar problemas legales sólo dice que "lo promueve" antes de los desahucios.

La iniciativa sale adelante con los votos favorables del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP.

La nueva norma se inspira en la Ley Antidesahucios de Cataluña, suspendida cautelarmente tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Aquí, para evitar lo mismo, se ha suavizado introduciendo como voluntaria y no obligatoria la mediación. Cuando la ejecución hipotecaria esté iniciada, se paralizaría el proceso de desahucio a la espera de la mediación.

La ley también tratará de evitar que las familias sin recursos se queden sin luz, gas o agua, promoviendo que las suministradoras de servicios se adhieran al convenio autonómico con el compromiso de avisar a los servicios sociales de una situación de impago antes de cortar la electricidad o el suministro de agua a una familia.

Miembros de la PAH, de nuevo presentes en el pleno, han aplaudido esta modificación de la ley, que supone un antes y un después en los desahucios de esta Región. Francisco Morote.

Los grupos políticos se congratulan de esta ley, que supone un cambio radical en los desahucios en esta Comunidad, y traer la voz de la PAH. Así lo asegura el diputado socialista Joaquín López Pagán.

Desde Podemos, María Gimenez, califica de histórico la modificación de la ley, y recalca que exigirán al gobierno regional el desarrollo reglamentario de la ley.

Luis Fernández, de Ciudadanos, considera que esta ley llega tarde 8 años -los ocho años de la crisis económica- y se congratula que va a solucionar los problemas habitacionales de familias abocadas a abandonar sus viviendas.

Desde el PP, Víctor Martínez Carrasco, explica que se han abstenido en la ley porque existen muchas dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley y no quieren generar falsas expectativas.