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Patronal y sindicatos se enfrentan por la ley del suelo

El Gobierno canario insiste en buscar un consenso en torno al documento

El presidente, Fernando Clavijo, antes de comenzar la reunión del Consejo Asesor. / CADENA SER

Santa Cruz de Tenerife

Las discrepancias entre sindicatos y Gobierno de Canarias en relación a la tramitación de la reforma de la ley del suelo continúan más viva que nunca. Una vez terminado el periodo de alegaciones, la reunión del Consejo Asesor del presidente, Fernando Clavijo, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a terminar sin el ansiado consenso en torno al anteproyecto de ley.

El secretario general de UGT de Canarias, Gustavo Santana declaró tras la reunión que el Gobierno no planea introducir modificaciones sustanciales en la fase de alegaciones al texto ya presentado y pidió que se retire el anteproyecto para proceder a elaborar uno sin prisas y basado en el consenso y la participación de la sociedad. Las principales discrepancias sindicales se centran en el riesgo de romper la cohesión territorial y el crecimiento armónico y sostenible de Canarias si se ceden competencias plenas sobre el planeamiento a los ayuntamientos, así como en la falta de control de legalidad por parte de la Cotmac.

"La sensación que yo tengo es que no va a haber acercamiento de posturas, pero vamos a esperar a la resolución de las alegaciones por parte del Gobierno", dijo Santana. Por su parte, Carmelo Jorge, secretario general de CCOO Canarias, aseguró que tanto los sindicatos como los sectores ciudadanos que forman la plataforma contra la ley del suelo están dispuestos a movilizarse en contra de este anteproyecto de ley si no son escuchados.

"Es imprescindible alcanzar un consenso en la sociedad canaria, estamos desaprovechando esa oportunidad", advirtió Carmelo Jorge, pero el texto del Gobierno es desequilibrado, no hay más que oír "el coro de aplausos y los sectores sociales que apoyan esta ley".

El Gobierno ha accedido a que sus técnicos celebren una reunión con los técnicos de los sindicatos y de la plataforma contra la ley del suelo antes de resolver las más de 130 alegaciones presentadas a su texto y remitirlo al Consejo Consultivo en el plazo de unas tres semanas El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jose Miguel Barragan, dijo que ha habido en total unas 70 reuniones con distintos colectivos para la redacción de la ley y subrayó que la aprobación final no corresponde al ejecutivo, sino al Parlamento de Canarias, y en esa fase se mostró convencido de que los grupos introducirán mejoras al texto. Barragan elogia la actitud positiva de los sindicatos "para encontrarnos en el camino" y aseguró que durante la reunión con el presidente no han manifestado "ningún elemento frentista" respecto al texto de la ley.

Inmovilismo

El presidente de la CEOE de Tenerife, Jose Carlos Francisco, lamentó el inmovilismo de quienes quieren mantener el actual modelo de legislación del suelo y demasiado burocratizado y contradictorio y que ralentiza la inversión y la creación de empleo, a la vez que judicializa el planeamiento. "Defendemos la mayoría de edad de los ayuntamientos y cabildos para decidir sobre su propio planeamiento bajo la premisa de que va a seguir sometido al control de legalidad. Si un ayuntamiento no es capaz de aprobar su planeamiento no debe existir y debe fusionarse con otro", advirtió Francisco.

 
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