La Junta anuncia que "actuará en consecuencia" de confirmarse "estos gravísimos hechos"

Córdoba

La Consejería de Empleo “actuará en consecuencia” si se demuestra el presunto fraude en la gestión de los fondos del Plan Emplea por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro y la Asociación Jóvenes hacia el Futuro. Unos hechos que el consejero José Sánchez Maldonado ha calificado de “gravísimos si de verdad han sucedido”.

La Inspección de Trabajo intenta determinar si, tal y como denunciaron los trabajadores a Radio Córdoba, quienes regían estas organizaciones se quedaban con parte de su salario. Por una parte, la Junta de Andalucía espera que culmine la investigación de la Inspección de Trabajo y, según concluya, “se articularan cuantas medidas en derecho sean oportunas”. Por otra, la administración andaluza ha incoado un expediente de información reservada para “clarificar la ejecución de los proyectos subvencionados”.

Porque en ese sentido iban las denuncias de los empleados: por un lado aseguraban que les obligaban a devolver un alto porcentaje de sus sueldos y por otro, lamentaban que sus trabajos estuvieran “vacíos de contenido” y que muchos de los programas diseñados para intervenir socialmente en el barrio del Guadalquivir no se llegaran a ejecutar. El Consejero ha informado de que Jóvenes para el Futuro ha tenido que devolver 25.000 de los 86.000 euros que se le adjudicaron en 2014, por incumplimiento de algunas de las cláusulas administrativas en el proceso de justificación y verificación de los proyectos subvencionados, una información que negó la administración a Radio Córdoba el pasado martes. El resto de las subvenciones está en proceso de verificación por lo que no se ha podido constatar aún si se producirán más reintegros de las mismas.

La comparecencia del consejero en el Parlamento Andaluz se ha producido a petición de IU, aunque tanto Ciudadanos como PP se han sumado realizando sus propias preguntas al respecto. La parlamentaria de IU, Elena Cortes, ha reclamado que “escuchen a los trabajadores” tanto para “evaluar” los programas financiados como para “aclarar” los presuntos fraudes denunciados.

Cortés, incidiendo en una denuncia de los propios trabajadores, ha deslizado también la posibilidad de que los rectores de las organizaciones investigadas hayan cobrado a los usuarios por los talleres a pesar de que estos servicios deberían haber sido gratis para ellos.

La parlamentaria andaluza ha manifestado su “perplejidad” ante el “desamparo” en que quedaron los trabajadores después de que la delegada del Gobierno Andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, negara la necesidad de una investigación interna por parte de la Junta e instara a denunciar “ante las autoridades competentes”. También Crespín ha sido el objetivo de la crítica política del PP que, a través de Miguel Ángel Torrico, ha preguntado por su continuidad como delegada del Gobierno tras “negar la investigación de este escándalo”, así como cuestionar el mantenimiento de los cargos políticos que ostenta uno de los implicados en este supuesto fraude, Cristian Menacho, en las Juventudes Socialistas. También ha pedido a Juan Pablo Durán que deje la secretaria provincial del PSOE.

La parlamentaria de Ciudadanos, Maria Carmen Prieto, ha calificado de bochornosos los hechos si se confirmaran y se ha preguntado “en qué cabeza cabe que los desempleados donaran parte de su salario”.