Un auto judicial descarta "irregularidades contables" en el Mundial Ponferrada-2014

Ponferrada

La titular del Juzgado Nº2 de Ponferrada no ve “irregularidad contable o desvío de fondos” en las cuentas del Mundial de Ciclismo y deniega la causa como "compleja", según recoge en un auto que han hecho público los representantes de la Fundación del Deporte, Marcos Díez y Emilio Cubelos. En una rueda de prensa, han asegurado que la Magistrada responde así a la petición del ayuntamiento de Ponferrada de personarse en la causa, que abrió con sus firmas una plataforma ciudadana, como acusación particular y como parte perjudicada. Sin embargo, la jueza asegura que las pruebas documentales presentadas acreditan correctamente los gastos e ingresos, explica Emilio Cubelos.

De hecho, no sólo no ve indicios de irregularidades, sino que en el mismo auto también recoge que una parte importante de las denuncias se cursaron con engaño dado que los firmantes pensaban, como explicaron en posteriores reclamaciones, que se solicitaba su firma para mejorar el mercado de Abastos.

Cubelos asegura además que Hacienda ha confirmado a la magistrada que no hay ninguna investigación en curso de la Agencia Tributaria regional encargada sobre la organización del Mundial de Ciclismo de Ponferrada, por lo que consideran que la alcaldesa está engañando de forma “torticera a los ciudadanos”

Ateniéndose a estos datos, tanto Emilio Cubelos como el expresidente de la Fundación, Marcos Díez, exigen al ayuntamiento que paguen de una vez los casi tres millones de euros que se le deben al banco Santander y que están generando 733 mil euros de intereses. No hacerlo es, mantienen, un capricho y una ineptitud. Si lo que se persigue es poner en concurso de acreedores a la Fundación, explican, eso todavía ocasionará más gastos económicos a las arcas municipales, que son las que se hicieron garantes, en pleno, de las deudas del Mundial.

A renglón seguido, Cubelos también ha acusado de mentir a la alcaldesa en sus pretensiones de hacerles devolver el dinero que cobraron como concejales del anterior equipo de gobierno, o de achacarles a ellos la revisión de precios de FCC que deviene del gobierno de Riesco.