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Javier León deberá declarar como 'investigado' por la 'comfort letter'

La Audiencia Provincial dictamina que el exalcalde debe prestar declaración como "investigado" por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Alfredo Blanco acudirá como testigo

Javier León durante el proceso judicial por el delito de desobediencia / Agencia Ical

Valladolid

El caso de los áticos de la Plaza de Zorrilla, el de la manipulación del PGOU y ahora la dichosa 'comfort letter'. Este es el tercer caso que obligará a Javier León de la Riva a acudir a los juzgados a declarar - en este proceso como 'investigado'- por haber firmado indebidamente la carta de compromiso que suponía un aval del Ayuntamiento de Valladolid para que los bancos pudieran cobrar el dinero a las administraciones -404 millones de euros- en el supuesto de que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no pudiera hacer frente a la devolución de los préstamos. 

Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 archivó la denuncia presentada por el Ayuntamiento, la Audiencia Provincial ordena la investigación por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa

Agencia Ical

También deberán aportar testimonio el exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y el interventor municipal. Los magistrados recuerdan la participación del actual concejal del Partido Popular y el alto funcionario en el procedimiento que desembocó en la firma del documento el 26 de enero de 2011. Entonces el Ayuntamiento de la capital castellano-leonesa tenía una deuda superior a los 200 millones de euros y, en consecuencia, no podía solicitar más préstamos. Sin embargo, gracias a la "comfort letter" los bancos concedieron unos días después a las administraciones el dinero suficiente para continuar con el proyecto ferroviario.

En el auto firmado este 13 de septiembre  los magistrados de la Audiencia Provincial   especifican los hechos:

"En concreto en el punto nº 4 de la carta de compromiso o

conformidad se afirma que: “El Excmo. Ayuntamiento de

Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones,

así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos

necesarios para el válido otorgamiento del presente documento

(…) han sido debidamente realizados y adoptados y que no

existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna

que pudiera resulta en la invalidez, no ejecución o

anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones

asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos

referidos, y que las personas firmantes de este documento, en

nombre y representación de la misma, poseen las facultades

suficientes a tal efecto”.

Posteriormente se ha demostrado que nadie tenía conocimiento de este trámite, ni el secretario ni el interventor. 

 
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