Javier León deberá declarar como 'investigado' por la 'comfort letter'
La Audiencia Provincial dictamina que el exalcalde debe prestar declaración como "investigado" por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. Alfredo Blanco acudirá como testigo
Javier León durante el proceso judicial por el delito de desobediencia / Agencia Ical
Valladolid
El caso de los áticos de la Plaza de Zorrilla, el de la manipulación del PGOU y ahora la dichosa 'comfort letter'. Este es el tercer caso que obligará a Javier León de la Riva a acudir a los juzgados a declarar - en este proceso como 'investigado'- por haber firmado indebidamente la carta de compromiso que suponía un aval del Ayuntamiento de Valladolid para que los bancos pudieran cobrar el dinero a las administraciones -404 millones de euros- en el supuesto de que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no pudiera hacer frente a la devolución de los préstamos.
Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 archivó la denuncia presentada por el Ayuntamiento, la Audiencia Provincial ordena la investigación por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.
Agencia Ical
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También deberán aportar testimonio el exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y el interventor municipal. Los magistrados recuerdan la participación del actual concejal del Partido Popular y el alto funcionario en el procedimiento que desembocó en la firma del documento el 26 de enero de 2011. Entonces el Ayuntamiento de la capital castellano-leonesa tenía una deuda superior a los 200 millones de euros y, en consecuencia, no podía solicitar más préstamos. Sin embargo, gracias a la "comfort letter" los bancos concedieron unos días después a las administraciones el dinero suficiente para continuar con el proyecto ferroviario.
En el auto firmado este 13 de septiembre los magistrados de la Audiencia Provincial especifican los hechos:
"En concreto en el punto nº 4 de la carta de compromiso o
conformidad se afirma que: “El Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones,
así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos
necesarios para el válido otorgamiento del presente documento
(…) han sido debidamente realizados y adoptados y que no
existen circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna
que pudiera resulta en la invalidez, no ejecución o
anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones
asumidas por los accionistas en éste y en todos los documentos
referidos, y que las personas firmantes de este documento, en
nombre y representación de la misma, poseen las facultades
suficientes a tal efecto”.
Posteriormente se ha demostrado que nadie tenía conocimiento de este trámite, ni el secretario ni el interventor.
