Lunes, 16 de Mayo de 2022

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Comparecen los siete sospechosos del asesinato de Alejandro Ponsoda

Han comparecido este viernes ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa para conocer los hechos por los que serán juzgados

Juan Cano, uno de los sospechosos del asesinato del alcalde Polop, Alejandro Ponsoda, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa (Alicante), donde ha comparecido hoy para conocer los hechos por los que serán juzgados ante un jurado popular

Juan Cano, uno de los sospechosos del asesinato del alcalde Polop, Alejandro Ponsoda, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa (Alicante), donde ha comparecido hoy para conocer los hechos por los que serán juzgados ante un jurado popular / MORELL (EFE)

Los siete sospechosos del asesinato a tiros del que fuera alcalde de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, del Partido Popular, han comparecido este viernes ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa para conocer los hechos por los que serán juzgados ante un jurado popular.

Es uno de los últimos trámites antes de la celebración de la vista oral y que con anterioridad ha tenido que suspenderse en dos ocasiones por la incomparecencia de alguno de los acusados.

El primer edil de Polop, localidad de unos 4.300 habitantes de la Marina Baixa, fue tiroteado a las puertas de su domicilio el 19 de octubre de 2007 y falleció una semana después en el hospital General de Alicante por las lesiones derivadas de un balazo en la cabeza.

Casi dos años más tarde, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a siete sospechosos, entre ellos al sucesor de Ponsoda al frente de la Alcaldía, Juan Cano, que pertenecía igual que él al PP.

Las revelaciones de un testigo protegido condujo a los agentes hasta Cano, así como hasta un empresario local, el gerente y el encargado de un club de alterne llamado Mesalina y tres presuntos sicarios.

Todos ellos se encuentran en libertad por esta causa, pues fueron excarcelados en su día tras el pago de fianzas o bien al haber transcurrido más de cuatro años desde su imputación sin que se haya celebrado el juicio.

La investigación de la UCO, que inicialmente barajó intereses urbanísticos como móvil del crimen, se decantó finalmente por la supuesta inquina personal que sentía Cano hacia el alcalde y sus ansias de poder.

La principal prueba de cargo de esta acusación es el testimonio de un portero que estuvo trabajando en esa época en el burdel, según el cual los sospechosos le habían propuesto inicialmente a él ejecutar el crimen a cambio de una cantidad cercana a los 30.000 euros.

La instrucción del procedimiento se ha dilatado en el tiempo tras sufrir numerosos vaivenes, entre ellos el archivo de la investigación con el visto bueno de la fiscalía respecto a los presuntos sicarios.

Sin embargo, esa última decisión fue revocada por la Audiencia Provincial de Alicante al estimar un recurso de la acusación particular, que representa a las hijas del alcalde fallecido.

El juzgado había citado este viernes a los siete implicados para entregarles el auto de hechos justiciables, el documento donde se desgrana el objeto de acusación tal y como establece la Ley del Jurado.

 

 

 

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