Comisión de investigación sobre la adjudicación de plazas en residencias

Valencia

Rafael Blasco abría la ronda de comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga la adjudicación de plazas en residencias del grupo Savia. La comisión se constituyó a principios de año para investigar las adjudicaciones de plazas en residencias de este grupo empresarial, del que formaban parte diez constructoras, entre ellas Sedesa, perteneciente a la familia del exconseller Juan Cotino y el empresario Enrique Ortiz.

Este grupo empresarial resultó adjudicatario del 40 % de las plazas del "macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino como conseller del ramo. Y Blasco ha dicho que, al menos durante el tiempo que fue su responsabilidad, desde mediados de 2001 a mediados de 2003 no hubo irregularidad alguna.

Es más, ha asegurado que su gestión fue modélica, ajena a las responsabilidades penales por las que ha acabado en prisión. Recordamos, el desvío de fondos públicos para cooperación. A pregunta de Podemos negaba haber recibido regalo alguno.

De la misma manera, jamás ha presionado a nadie, y mucho menos a ningún municipio para instalar o no en su término una de las residencias. Así respondía a Compromís.

Negaba la mayor y presumía de concurso modélico y transparente. El Pspv le preguntaba entonces por qué las adjudicatarias fueron constructoras y no empresas del sector. A eso no ha contestado, sí ha querido recordar a los socialistas que ellos estuvieron al tanto de todo y que algo bueno tendrá aquel modelo cuando siguen manteniéndolo.

También ha indicado al Pp que eligió ese modelo porque era el mejor y más adecuado para resolver el déficit histórico de plazas residenciales. Y todo, insistimos, con carácter colaborador. Tanto que se ha mostrado dispuesto a volver a comparecer y a responder las dudas que puedan quedar a los grupos... Eso sí, que no le llamen por teléfono porque él, en contra de lo publicado este fin de semana, no tiene móvil en prisión. Es un preso más, sin privilegios.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción, que no tenía conocimiento de esos hechos, ha pedido información al respecto a la dirección del centro penitenciario.