APDH denuncia la vulneración de derechos a un interno en la prisión provincial

Córdoba

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado en la Ser la situación de un interno de la prisión de Córdoba, al que no se le permitió comunicarse con un periodista, al que pretendía contar su historia llena de agravios que suponen una vulneración de sus derechos. 

El interno en cuestión pretendía explicar su situación y el agravio que supone con otros presidiarios. Tras más de 20 delitos de robo, acumula más de 50 años de prisión sin revisión de condena, mientras que internos con delitos de sangre y asesinatos, acumulan muchos menos años de condena, que además es revisable por el juez cada dos. Así lo ha explicado Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien ha insistido en que el mundo penitenciario se juega con otras reglas distintas a la constitución y a los derechos humanos. "Es una clara intromisión en el derecho que tienen las personas que están privadas de libertad. Eso es lo que nos distingue de otros estados que podríamos denominar dictatoriales y que vulneran derechos humanos. Eso está ocurriendo en nuestro país, dentro de un estado que se llama Prisiones. Dentro de nuestro país tenemos un estado independiente que funciona con unas reglas diferentes. Los presos son el único colectivo que no tiene acceso a ese derecho. Es algo inconstitucional", aseguró Aguilar.

La historia del interno en la prisión de Córdoba habla de una persona que acumula más de 57 años de condena por más de 20 delitos de robo que se han ido acumulando. Sin embargo, APDH denuncia que internos con delitos de sangre y asesinatos tienen condenas revisables por el juez y salen mucho antes en libertad. "Este hombre nos cuenta que ha coincidido con terroristas, algunos con 2.000 años de prisión y más de 20 asesinatos a sus espaldas. Él tiene más de 20 delitos de robo y no sale de prisión nunca. Como asociación creo que es un tema que debemos trabajar. Se mete la cadena perpetua revisable en nuestro sistema y permite que un juez revisa cada dos años, de oficio, para ver si es necesario mantenerla. La gente que tiene esa acumulación de delitos no tiene esa posibilidad y está peor, en todo, que quien haya podido cometer muchos más actos peligrosos", concluyó Valentín Aguilar.