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Las defensas de Alvalle piden el sobreseimiento del caso, y el juzgado se lo niega

Duro alegato de las defensas, al juzgarse ahora unos hechos 22 años después de haberse cometido. El abogado del Estado alega que las dilaciones indebidas son atenuantes, pero no sirven para sobreseer un caso

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Murcia

¿Qué es el caso Alvalle?

Son 13 los acusados, aunque hay dos que ya han fallecido, entre empleados, funcionarios y agricultores de la empresa mercantil Alvalle, que hace 22 años defraudaron a la UE más de 700.000 euros de las ayudas para transformar frutas en zumos aumentando los kilos de producción.

Según el escrito de calificación elaborado por el Fiscal, la presunta estafa se cometió durante 3 campañas, la 1994/1995-1995/1996 y 1996/1997, cuando la mercantil obtuvo ayudas de la UE por valor superior a 3,4 millones. Sin embargo, el consejero delegado de la empresa, José María Casanova, diseñó un plan para obtener, de forma fraudulenta, esas subvenciones, y para ello, no compró la totalidad de kilos de naranja que hizo constar en los contratos y consiguió que los agricultores-vendedores se prestaran a firmar, a cambio de 3.000 euros, haciendo constar cantidades muy superiores a las que vendían. Simulaban , por tanto, una operación de compraventa de zumo de segundo congelado.

Para los principales acusados, el fiscal pide más de siete años de cárcel por cada uno de los tres delitos contra la hacienda pública; y para sus colaboradores penas que suman 18 años de cárcel y multas que suman más de 700.000 euros por cooperación necesaria. Para los ocho procesados restantes pide penas que van desde los 22 meses de prisión hasta los cinco años por delito continuado de falsedad. Igualmente, los acusados deberán indemnizar a la Hacienda Comunitaria en la cantidad defraudada.

Hoy ha comenzado el juicio planteándose cuestiones previas que ha desestimado el juez

Las defensas de los 13 acusados de estafa en el denomidado "Caso Alvalle" se han ocupado esta mañana en plantear el sobreseimiento y la nulidad de la causa, por unos hechos que ahora se juzgan 22 años después de haber sucedido. Así lo han pedido al juez, alegando dilaciones indebidas y denunciando la vulneración del derecho de defensa de los acusados.

Para el abogado Enrique Santiago Arnaldos, "20 años es un tiempo excesivo para dictar una sentencia que se pueda calificar como justa".

Este tirón de orejas que ha dado las defensas al funcionamiento de la justicia en nuestra Región, ha tenido contestación a través del abogado del Estado Juan Ramón Calero, que aunque ha dicho compartir buena parte de los posicionamientos de las defensas en cuanto que es inadmisible un excesivo tiempo de instrucción, no comparte eso sí, que las dilaciones indebidas tengan como consecuencia jurídica el sobreseimiento de la causa. "Es un atenuante -sí- pero no se puede incumplir la ley", dice Calero.

Por su parte, el magistrado José Luis García, ha desestimado estas cuestiones previas planteadas por las defensas, aunque deja abierta la posibilidad de que sean incluídas como atenuantes en la sentencia.

Comienzan las declaraciones de los acusados

El que fuera consejero-delegado de la empresa Alvalle, José María Casanova, al que se juzga desde hoy en la Audiencia Provincial de Murcia junto con otras diez personas acusadas de defraudar 700.000 euros a la Unión Europea (UE), ha negado hoy los hechos y ha atribuido el origen de esta causa a la mercantil Puleva.

Para Casanova, no existió nunca "ningún conciliábulo" para declarar mayor cantidad de naranjas de las recibidas para así aumentar las subvenciones europeas que se concedían para su transformación en zumo.

Según este acusado, la causa fue abierta a raíz de una comunicación que Puleva hizo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre presuntas maniobras defraudatorias, y que perseguía era no afrontar la penalización fijada en el contrato de oferta de compra de 600.000 euros.

Durante el interrogatorio, ha explicado que por parte de Alvalle no se había cometido irregularidad alguna, ya que, en caso contrario -ha añadido- la empresa Pepsico no la habría comprado pocos meses después y por un precio que era un diez por ciento superior al ofrecido por Puleva.

Por otra parte, ha dicho que jamás dio instrucción alguna a sus colaboradores en la empresa, varios de los cuales también figuran como acusados, para que inflaran los kilos de naranjas que se recibían la fábrica para conseguir así mayores ayudas.

 
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