...y la Junta achaca la "insolvencia" de Pascual a su estrategia empresarial
Recuerda que la empresa no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente
Hospital Puerta del Mar / Cadena SER
Cádiz
La Junta de Andalucía sostiene que la situación de “insolvencia económica” planteada por la empresa José Manuel Pascual Pascual a sus trabajadores es “el resultado final de una situación planteada por ella misma que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo” como consecuencia “del rechazo a las distintas ofertas” realizadas por el Gobierno andaluz.
En un comunicado, la Junta de Andalucía recuerda que esta empresa no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente, y señala que esta actitud “beligerante” contrasta con “la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta”.
“La no solvencia económica anunciada por la empresa frente a los trabajadores oculta intereses ajenos a la voluntad de esta Administración, que siempre ha optado por un diálogo abierto con el comité de empresa, comunicándole las diferentes fases de este proceso en múltiples ocasiones”, recoge el comunicado.
El Gobierno andaluz explica que “el volumen económico de los servicios concertados tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo, ha motivado actuaciones por parte de esta Administración encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores”.
La Junta incide en que “en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga”.
Además, añade que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa Pascual entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza.
La responsabilidad del Gobierno andaluz es, según el propio Gobierno andaluz, “garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública”, por lo que indica que seguirá intentando “llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes”, al mismo tiempo que “se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo”.
