La Justicia rechaza indemnizar a un policía jubilado del CIE de Málaga contra el que se archivó la causa de los abusos
El agente, ya jubilado, asegura que sufrió diversos trastornos psicológicos a raíz de la investigación: los jueces rechazan que deba recibir una pensión extraordinaria por incapacidad
El CIE de Málaga en una imagen de archivo / SER Málaga
Málaga
Hace cuatro años y medio echaba el cierre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga: entre las paredes de este antiguo convento de frailes capuchinos quedaban veintidós años de hacinamiento y, entre otros episodios, la deportación de un centenar de inmigrantes sedados con haloperidol o la denuncia contra varios policías por abusar sexualmente de varias internas y organizar fiestas con ellas.
La primera investigación se archivó en 1998, la segunda terminó en absolución en 2015, y el 20 de junio de 2012 el CIE de Málaga cedía el testigo de centro más polémico de España al de Aluche, en Madrid. Pero parte de su herencia sigue viva en los tribunales: la Audiencia Nacional ha rechazado que uno de los agentes de policía que estuvo imputado varios años en la investigación por los abusos a internas del CIE tenga que cobrar una pensión extraordinaria por incapacidad. El agente, ya jubilado, asegura que padece un trastorno psiquiátrico a raíz de los acontecimientos.
Se trata de uno de los siete agentes de Policía Nacional que fue detenido en julio de 2006: un juzgado de Málaga investigaba si varios policías habían montado fiestas con varias internas para abusar sexualmente de ellas. Cuatro años más tarde, el juzgado decidía procesar a cinco agentes y archivar la causa contra otros cinco: uno de este segundo grupo, después del sobreseimiento, era diagnosticado de varios trastornos psiquiátricos crónicos derivados de todo el proceso judicial.
El agente se jubiló en 2011 y tras quedar "imposibilitado totalmente" para ser policía reclamó una pensión extraordinaria de jubilación por considerar que sus trastornos se habían desarrollado en acto de servicio: primero lo rechazó el Ministerio de Hacienda a través de su Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y ahora lo ha hecho la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
La sentencia explica que no puede recibir una jubilación de estas características porque las patologías psiquiátricas que padece no tienen su origen en el trabajo como vigilante del CIE de Málaga: "La situación estresante y realmente desequilibradora se produce por hechos que no tienen relación alguna con la prestación del servicio, más bien con el abuso de dicha función", explica la sentencia. No tiene relación con su trabajo sino con "circunstancias extrañas al servicio y producidas por terceros, sin que tengan relación con la función de vigilancia que tenía encomendada".
Se trata de una sentencia dictada el pasado dos de noviembre contra la que no cabe recurso.
Absolución pendiente de recurso
En junio de 2015 la Audiencia Provincial de Málaga decidió absolver a los cinco agentes de Policía Nacional que finalmente fueron llevados a juicio: quedó probado que habían organizado cenas y fiestas con varias internas, trayendo comida y alcohol y sacándose incluso fotos con los móviles que les dejaban utilizar, pero no que abusaran sexualmente de ellas. Para cuando se celebró el juicio, la mayoría de las mujeres – testigos protegidos – que habían denunciado los abusos habían sido expulsadas del país y no pudieron concretar más su versión de los hechos.
Los agentes se declararon inocentes en todo momento y la sentencia se limitó a señalar que era una conducta “absolutamente inadecuada”.
Por el camino, en junio de 2010, el juzgado número 9 de Málaga decidió archivar la causa contra otros cinco agentes que había sido implicados en un primer momento de la investigación, entre ellos el policía ahora jubilado que ha reclamado ahora una pensión extraordinaria. El CIE de Málaga terminó cerrando en junio de 2012 y la docena de internos que quedaba fue repartida entre Algeciras y Aluche.
Premio Garrote a la peor sentencia
La absolución de los cinco agentes de Policía Nacional por parte de la justicia malagueña – pendiente ahora de recurso ante el Tribunal Supremo – mereció el conocido como ‘premio Garrote’ otorgado por la organización Women’s Link como una resolución que “hace retroceder la equidad de género”.
